Las empresas cuyos directivos admitieron ante la justicia que pagaron coimas podrán seguir haciendo obras públicas con dinero de los contribuyentes argentinos, admitió el gobierno de Cambiemos.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, dijo que todas las empresas que quieran participar de la obra pública deberán pasar antes por un tamiz de control.
Deberán pagar un resarcimiento por daños al erario público y suscribir códigos de buena conducta y programas de identidad.
No obstante, el gobierno exigirá que den un paso al costado los empresarios involucrados directamente en el pago de coimas.