Organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y partidos políticos se movilizaron ayer en Paraná para recordar la lucha de los detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar-clerical; exigir memoria, verdad y justicia; y repudiar las políticas de ajuste que atentan contra los derechos humanos que llevan adelante los gobiernos nacional y provinciales, registró AIM.

La columna que partió de Plaza Sáenz Peña se fragmentó en tres: organismos de derechos humanos, Apyme, instituciones estatales, organizaciones gremiales, el peronismo y sus agrupaciones (Juventud Peronista, La Cámpora, Descamisados, Movimiento Evita), el Partido Comunista (PC) y el Partido Comunista Revolucionario junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (Ctep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC); detrás de ese frente se ubicó el Movimientos  Socialista de los Trabajadores (MST); y  al final militantes de la Unión Cívica Radical (UCR).

La concentración comenzó a las 18 y a las 19 inició su tradicional trayecto hasta plaza Alvear, donde se montó el escenario frente al monolito que recuerda a los detenidos-desaparecidos en Entre Ríos. En el acto, se leyó el documento de la Multisectorial -maquinado por el kirchnerismo residual, el PC y funcionarios del gobierno provincial- al que parte de la izquierda no adhirió y el radicalismo no firmó.

El texto enuncia: “Hoy en muchas partes del país y del mundo, el pueblo se moviliza para repudiar enérgicamente el Golpe de Estado de 1976 pero también se moviliza y repudia con la misma energía el programa de miseria planificada que ejecuta el gobierno de la alianza Cambiemos. Miles y miles de paranaenses somos parte de esta enorme marcha del pueblo que toma en sus manos su historia, para enfrentar un presente duro de lucha y soñar un futuro de dignidad y felicidad para todos y todas”.
“Marchamos unidos porque el gobierno de la alianza Cambiemos lleva adelante un violento ataque contra los ingresos y el empleo, porque este gobierno del PRO y la Unión Cívica Radical es un gobierno de ricos, es un gobierno contra los pobres”, se explicó.
“Este 24 de marzo volvemos a exigir juicio y castigo para los responsables militares y civiles y para los cómplices, instigadores y beneficiarios del genocidio, así como también para quienes sembraron el terror desde antes del golpe, a través de la Triple A, el Comando Paraná y el resto de las fuerzas para-estatales. Todos los años en esta fecha nos unimos en la lucha para mantener viva la memoria, por más que pretendan imponernos el olvido y la reconciliación desde el gobierno, la iglesia, los medios hegemónicos de comunicación y los grupos económicos. Marchamos para defender la verdad y derribar el muro de silencio, para que el grito de 30.000 compañeros y compañeras presentes se transforme en la bandera que nos lleve a un país más inclusivo”, se indicó.
“Hoy estamos con el cuerpo en la calle, recogiendo esa herencia de lucha y compromiso; la misma que nos transmiten los sobrevivientes del Terrorismo de Estado, quienes se bancaron los centros clandestinos de detención y la cárcel, las torturas y el exilio, la misma lucha que parieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron a fuerza de una perseverancia imbatible que lo imposible solo tarda un poco más”.
En ese marco, se cuestionó al Gobierno nacional: “Busca instaurar la impunidad en Argentina” y se cuestionó que “sostiene a un secretario de Derechos Humanos como Claudio Avruj, que desconoce los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia que contribuye al negacionismo sobre los delitos de la dictadura y en la idea de una supuesta guerra sucia, desempolvando la teoría de los dos demonios”.

Del mismo modo, los cuestionamientos fueron para el intendente Sergio Fausto Varisco a quien se criticó: “También revive la teoría de los dos demonios –y está haciendo un acto multitudinario en Echagüe y 25 de Mayo- y el municipio de Paraná tiene como secretario Legal y Técnico a Walter Rolandelli quien ejerce la defensa de Miguel Torrealday, especialista en robo de bebés y quien fuera uno de los responsables directos de la apropiación del mellizo Valenzuela – Negro. Este funcionario no puede estar ni un minuto más en su cargo”, del mismo modo que se le exigió “al Presidente Mauricio Macri la renuncia de Avruj”, lo que generó una vez más el cantito contra el mandatario nacional “MMLPQTP”. También se criticó que la “Corte Suprema de Justicia falló a favor del beneficio del 2x1 a los genocidas” y se destacó que “miles de personas salimos a repudiar este fallo en todo el país y así se logró la sanción y promulgación de la ley que establece claramente que ese beneficio no debe otorgarse a personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad y genocidio”.
“Movilizados y en la calle logramos también que (Miguel) Etchecolatz vuelva al penal de Ezeiza de donde nunca debió haber salido. Sin embargo, el gobierno intenta garantizar la impunidad con la excusa de la superpoblación carcelaria y solicita solapadamente que se le otorgue la prisión domiciliaria a los represores”, dijeron, por lo que apuntaron que siguen “exigiendo cárcel común para los genocidas, decimos basta de otorgamiento irrestricto de arrestos domiciliarios para quienes perpetraron los crímenes más aberrantes de nuestra historia contemporánea y que la Corte Suprema de Justicia revierta el criterio establecido por el fallo Muiña”.
En ese marco, se cuestionó que “el Poder Judicial contribuye a que estos sectores sigan impunes y han construido un blindaje para los civiles que también fueron responsables de delitos de lesa humanidad” y se elevó el reclamo “al Estado Nacional por la implementación de políticas de memoria, verdad y justicia” que “es y ha sido producto de una lucha histórica del movimiento de derechos humanos en Argentina”.

“Los derechos son y seguirán siendo una lucha inclaudicable y no pensamos dar ni un paso atrás, la persistencia de Madres, Abuelas y todo el movimiento de derechos humanos todavía da sus frutos y una auténtica victoria que nos toca de cerca es la restitución de la identidad de Adriana, la hija de los detenidos desaparecidos Edgardo Garniel y Violeta Solari. El abrazo de ella con su abuela Blanca en Concepción del Uruguay, un abrazo que se demoró cuatro décadas por culpa del terrorismo de Estado es también un abrazo colectivo, reparador y esperanzador. Es el mismo abrazo que festejaremos cada vez que encontremos a otro nieto o nieta y también cuando el Melli, nacido en el Hospital Militar de Paraná, hijo de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela se reencuentre con su hermana melliza Sabrina y sus hermanos Sebastián y Matías, y toda su familia biológica”, aseguraron.
Además, se reclamó  “a los civiles y militares responsables del plan sistemático de robo de bebés que rompan el pacto de impunidad y hagan su aporte a la verdad”.

 

Contra la criminalización de la protesta social y el ajuste
Las agrupaciones cuestionaron que el presidente, Mauricio Macri, “utiliza las fuerzas de seguridad para que las balas, los gases, los carros hidrantes y las detenciones arbitrarias sean la única respuesta a la protesta” y en ese marco criticaron “el protocolo de actuación en las manifestaciones que criminaliza la protesta y limita la labor de los periodistas, dejando un claro mensaje: la manifestación social y política será perseguida durante el macrismo”.
Ante ese escenario, pidieron “el desprocesamiento de más de 4.000 luchadores sociales y populares en todo el país, la libertad de Milagro Sala y la derogación de la ley antiterrorista que es la base de los protocolos anti-piquetes de la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich”.

Asimismo, demandaron “el fin de la persecución política, mediática, judicial y todo tipo de acción intimidatoria a quienes representen sectores enfrentados al oficialismo y del hostigamiento de quienes se expresan en contra del Presidente en redes sociales porque hoy la libertad de expresión no está garantizada en Argentina”.
Volvieron a apuntar contra el gobierno de Macri porque “la represión de la protesta como política de Estado tuvo a su desaparecido: Santiago Maldonado, su desaparición forzada, seguida de muerte y su aparición forzada fueron responsabilidad de Gendarmería, es decir del Estado, ya que murió por ser perseguido a balazos en una protesta. El Estado también es responsable del asesinato de Rafael Nahuel, baleado por la espalda”. Sobre este punto se exigió la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

 

La izquierda también criticó a Bordet y la complicidad de la provincia con la nación

La columna encabezada por Luis Meiners y Nadia Burgos, marcó la diferencia, ya que superaron las barreras que impusieron los funcionarios del gobierno de Gustavo Bordet y sus aliados del PC y el silencio cómplice del PCR con la iglesia y su pacto con la Ctep.

Precisamente, los jóvenes marcharon exigiendo memoria, verdad, justicia pero, además, reclamaron que se apruebe el aborto legal, se manifestaron a favor de las sexualidades disidentes y demandaron que se frene el brutal ajuste que descargan los Gobiernos.

Precisamente, a diferencia de la complicidad de la Multisectorial, el MST advirtió que el plan de Macri “no está solo: cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, el aval de los gobernadores, del PJ y también de la cúpula de la iglesia. Esto pudo verse claramente en la votación de la reforma jubilatoria. Ese robo a los jubilados pudo consumarse con los votos de senadores y diputados del PJ, y el apoyo de los gobernadores que habían acordado la reforma tributaria y el Pacto Fiscal. En nuestra provincia el Gobierno de Bordet no sólo ha acompañado y defendido estas políticas regresivas a nivel nacional, además aplica el ajuste a nivel provincial. Así, la provincia adhirió a una ley de ART abiertamente pro patronal, sancionó la Ley de “responsabilidad fiscal” para dar curso al ajuste en el Estado y ahora presiona por paritarias a la baja atacando incluso libertades sindicales elementales como el derecho a hacer asambleas. Además, profundiza un modelo de saqueo y contaminación con eje en el agronegocio, que atenta contra la salud y la vida de nuestros pueblos”.

La CCC y sus controles a militantes

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) aliada a la iglesia en el marco de la Ctep, tomó asistencia a los beneficiarios de planes sociales en la marcha.

Esta Agencia preguntó a una de esas personas para qué les tomaban asistencia; una mujer, que tenía un niño en brazos, respondió: “Nos toman asistencia para saber quiénes vinimos, porque tenemos planes sociales y si no, nos los van a quitar”

- ¿Son beneficiarios de planes sociales?

- Sí, todos los que estamos aquí tenemos planes sociales.

AIM no fue la única testigo de lo que ocurrió allí, sino que varias personas que no estaban enroladas en ninguno de los partidos u organizaciones presentes, presenciaron el hecho con indignación.