Los argentinos no dibujan el mar. No lo conciben como un espacio territorial soberano. El territorio, puesto a ser definido, resulta en un mapa contorno, repleto de golfos, cabos, penínsulas y bahías, pero más allá, dentro del agua, aunque existe una abundancia, pareciera para el inconsciente colectivo haber poco y nada. Nadie dibuja la Argentina incluyendo la llamada zona exclusiva económica, que se extiende hasta la milla 201 desde la costa del litoral atlántico. En conclusión, muy pocos saben que el 33 por ciento por ciento de territorio nacional es océano profundo y diverso.

O pocos, además, recalan en que si las Islas Malvinas son argentinas -reclamo inalterable- es porque aquellos archipiélagos desconocidos y añorados se encuentran dentro de los límites de la Nación.

Como el mar es un espacio recreativo y vacacional, como prácticamente se ignora, casi nadie conoce lo que ocurre allí con el manejo, fuera de control, de los recursos naturales. Nadie sabe que la Argentina está comprometida a proteger el 30 por ciento de su superficie marítima para el año 2030, creando zonas protegidas de la amenaza extractiva. Nadie conoce que debajo de esa llanura ondulante y azulada ocurre, de modo sistemático y silencioso, un ecocidio. Un desmonte como los de los bosques nativos de Santiago del Estero y Salta, donde se suele violar la ley de bosques. Solo que aquí, en el mar (esta nota se escribe desde los confines de Chubut), no existe ley alguna y ese mecanismo llamado pesca de arrastre aniquila cientos de especies en pos de un negocio multimillonario que parece no tener techo.

Se viene hablando de la técnica porque la pujanza del ambientalismo está consiguiendo que el tema aflore. Los pescadores -tanto los trabajadores como los dueños del negocio- saben que manejan un recurso que se puede terminar.

Asumen por lo bajo que hay cosas para discutir, que las vedas que existen para ellos “son laxas”, que la coima es moneda corriente y que “se controlan a sí mismos” en un negocio que no tiene pausa. Financian la política, influyen sobre periodistas y legisladores. Saben que existe un sistema que los beneficia en detrimento de la naturaleza, que la rueda gira y no se puede detener.

Pescan langostino y en menor medida merluza, pagando por esas cuotas de pesca aranceles nimios. Tributan, según un consenso extendido, relativamente poco. Muchas empresas con bandera argentina están financiadas por capitales internacionales (chinos, españoles, taiwaneses, coreanos). El régimen pesquero está diseñado a la medida de los que ganan, sin fiscalización, con un criterio economicista, pero sin parámetros de cuidado de la naturaleza: sin rangos de sostenibilidad.

La pesca exporta 2.500 millones de dólares por año. Flotas de barcos salen a diario desde Mar del Plata, Rawson, Trelew. Flotas amarillas y coloradas, que pasan la red, descargan producto en puerto y despachan al exterior el 95 por ciento de todo lo que traen. Casi nada de todo lo que se extirpa del mar se consume en la Argentina (La milla 201 es un tema aparte de todo el escenario aquí descripto).

Mar adentro, echan redes que pueden tener 18 metros de diámetro. Esas redes vuelven infladas como un globo naranja con toneladas de langostinos. En la barrida aplastan y matan todo tipo de especies. Esas especies se descartan, muertas, al mar. Esta semana se conoció el video de una de esas redes gordas a raíz de un descarte masivo de langostinos cometido por trabajadores portuarios de Rawson en una protesta de fines del año pasado. El descarte es como una doble matanza.

La pesca de arrastre tiene además un poderoso impacto climático. Los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Al degradar las redes el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera.

Un estudio publicado este mes en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.

Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.

"El calentamiento global es como la muerte por 1.000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO2", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".

Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos, esto puede no marcar la diferencia. En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca. Crear zonas de veda.

Esa discusión comienza a ser incipiente en la Argentina. Un sector del ambientalismo y de la política trabaja para que el tema finalmente salte a debate. "Lo más lógico sería prohibir la pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas protegidas", afirma Sala: "Empecemos por ahí", agrega. Pero la Argentina tiene su contexto específico. Un flamante presidente que quiere cambiarlo todo. Un oficialismo que abrió el debate por el lado equivocado. La Ley Ómnibus buscó modificar el régimen pesquero, sin atender ninguna de las cuestiones hasta aquí narradas.


Cambios en la ley de Milei

Una marcha atrás que no necesariamente implicará que las cosas mejoren. Así se lee desde el ambientalismo lo que ocurre con las modificaciones al régimen pesquero promovida por la Ley Ómnibus con la que el presidente Javier Milei se propone refundar la Argentina. Por presión de la industria y de las provincias costeras de la Patagonia, el Gobierno aceptó derogar los artículos que generaban enojo.

La modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario. Puso a los medios masivos de comunicación a hablar de pesca. Un tema no tocado. El debate se abrió por la arista impensada. Para los pesqueros, Milei remataba el mar argentino, lo concedía a los chinos que acechan en la milla 201. Abandonaba los puertos argentinos. Remataba la zona exclusiva económica.

“La base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita”, explica un experto del sector consultado por Clarín. “Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde”, agrega. Pide que no se revele su nombre porque es un “jugador fundamental”.

Las regalías por pesca de langostinos son de alrededor 0,3 por ciento. Las de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15 por ciento. “Este es uno de los problemas que urge resolver. De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, incrementando los aranceles que pagan las empresas. Una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra internacional en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera. Eso fue corregido”, dice el analista.

Esta palabra fue removida en la nueva versión de la ley, clarificando dicha confusión. Respecto al proyecto inicial también se modificó el artículo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N° 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina. Alivio para la industria local, sí, pero nada dicho sobre la protección de un recurso que se puede terminar.


La voz de un experto

Leandro Calvo es abogado, secretario de la fundación Misión Atlántico. La organización impulsa desde Chubut un debate necesario sobre la creación de áreas protegidas marinas. Recogen la voz de decenas de ONG's reunidas alrededor del Foro para la Conservación del Mar Argentino. Todos consideran que la industria pesquera debe discutir con el ambientalismo una forma de zona “no take” para la preservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del recurso.

“Sería bueno para todos -dice Calvo-, pero el debate arrancó por otro lado. Lo que nosotros vemos es que hoy la ley de pesca está planteando estándares laxos y cuestionables. No son solo económicos. La Ley Ómnibus plantea transicionar hacia un criterio que atiende solo la variable económica. Además, se están eliminando los criterios de faltas. La única variación que aceptó el gobierno fue el criterio internacional. Eso es un maquillaje porque lo que tenés es capitales internacionales financiando empresas argentinas”.

“Se necesita mejorar la pesca que tenemos. No profundizar el extractivismo. Necesitamos un cambio que vaya a la sostenible, con artes de pesca menos dañinas para el ambiente. Nuestro objetivo de máxima es crear un área marina protegida. Argentina tiene compromisos internacionales en ese sentido y deberá cumplir para no chocar, entre otras cosas, con mercados que exigen el respeto por el medio ambiente. Salvar el mar es salvar también el negocio de la pesca”.

Calvo finaliza: “En resumen, coincidimos en la necesidad de actualizar la legislación pesquera, pero abogamos por la construcción de amplios consensos, con la sostenibilidad como eje central. Advertimos que, de aceptarse las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, se beneficiaría claramente a empresas extranjeras en detrimento de aquellas que han invertido y tienen historial productivo en nuestro país, profundizando la primarización de la matriz productiva y el deterioro de nuestro mar”.

Fuente: Clarín