La medida eleva la presión sobre el Gobierno en pleno debate sobre el establecimiento de un perímetro de seguridad entre zonas habitables y cultivos. Otras cuatros ciudades galas se plegaron a la medida.[{adj:57245 alignright}]
París y otras cuatro grandes ciudades francesas han anunciado este jueves que prohibirán por decreto el uso de pesticidas en su territorio. La medida, como ha recordado de inmediato la ministra de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, y admiten los propios alcaldes de la capital y de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille y Nantes, es más que nada simbólica. De hecho, el uso de pesticidas en grandes zonas urbanas está ya muy restringido por ley. Pero supone, y así lo han declarado abiertamente los regidores municipales, un gesto que busca aumentar la presión para que el Gobierno, que acaba de lanzar una consulta popular para determinar una distancia de seguridad entre los cultivos que usen plaguicidas y zonas habitadas, actúe de forma más decidida contra unos productos que cada vez más ciudadanos consideran un riesgo para la salud y el medioambiente.
“Se trata de iniciar una acción concertada para obligar a cambiar la ley y lograr la salvaguarda del patrimonio inestimable de la biodiversidad de nuestros territorios y de la salud de nuestros ciudadanos”, explican las cinco ciudades en un comunicado conjunto.
Con su anuncio, las grandes urbes se unen a la batalla de los alcaldes rurales iniciada este verano en todo el país. Un tribunal administrativo ratificó en agosto la suspensión del decreto del alcalde de la localidad bretona de Langouët, Daniel Cueff, que en mayo prohibió la utilización del glifosato y otros pesticidas a menos de 150 metros de “toda parcela catastral que comprenda un edificio de residencias u oficinas”. Según los jueces, con esta medida Cueff se había excedido en sus funciones, ya que la reglamentación de los pesticidas, indicaron, es potestad del Ministerio de Agricultura. Aun así, durante el verano, varias decenas de alcaldes emitieron decretos similares, en desafío al Gobierno central. Muchas de estas medidas han sido ya recurridas ante la justicia por los prefectos —los representantes del Estado en los territorios del país— de todo el mapa. En su comunicado, las alcaldesas socialistas de París, Anne Hidalgo; de Lille, Martine Aubry, y de Nantes, Johanna Rolland, así como sus colegas de Clermont-Ferrand, el también socialista Olivier Bianchi, y de Grenoble, el ecologista Éric Piolle, subrayan su “apoyo a los alcaldes que ya han emitido decretos prohibiendo el uso de productos fitosanitarios químicos”.
Glifosato no
La respuesta de la ministra de Transición Ecológica ha sido la ironía. “Gracias a las cinco comunas por haber confirmado que respetarán la ley: desde el 1 de enero de 2017, está prohibido el uso de pesticidas en espacios públicos y, desde el 1 de enero de 2019, en los de particulares” que solo pueden usar desde comienzos de año productos fitofarmacéuticos de origen natural, tuiteó Borne, para quien, por tanto, el anuncio no es más que un “golpe de efecto propagandístico”.
De hecho, indica la Agencia France Presse, el único espacio donde sería aún aplicable el nuevo decreto en las grandes ciudades son los espacios verdes privados no abiertos al público, como las copropiedades de terrenos gestionadas por empresas. Por ejemplo, la compañía nacional de ferrocarril Sncf, que es una de los grandes usuarios de glifosato para quitar las hierbas de sus vías y sus alrededores.
Este lunes, el Gobierno lanzó una consulta de tres semanas para determinar un perímetro de seguridad entre los cultivos que usan pesticidas y las zonas habitadas en todo el país, aunque la medida afecta sobre todo a las comunidades rurales donde los campos colindan a menudo con las viviendas. Pero su propuesta de establecer una distancia de entre diez y cinco metros ha sido muy criticada por organizaciones ecologistas —y los propios alcaldes rurales “rebeldes”— que las consideran insuficientes.
La teniente alcalde de París Célia Blauel respondió a la ministra por la misma vía, Twitter, y con similar tono, indicando que el susodicho “golpe de efecto representa en París 600 hectáreas” y que además, esta medida “arroja luz sobre un verdadero problema de salud y de medioambiente”. “Pero es verdad, seamos serios, la limitación a diez metros es la solución”, ironiza la también presidenta de la empresa pública que gestiona el agua potable en la capital francesa.