Mediante un proyecto de resolución presentado en la Legislatura provincial, diputados del oficialismo piden a la secretaría de Energía de Entre Ríos que “con carácter urgente y por el término mínimo y renovable de 180 días, suspenda las órdenes de interrupción del suministro eléctrico por falta de pago”, supo AIM.[{adj:2488 alignright}]

En el marco de la crisis que está generando en numerosas provincias, y en particular en Entre Ríos, el tarifazo de energía eléctrica, con usuarios que reciben boletas superiores a sus ingresos, comercios que ya cerraron por esa razón y cortes de ruta, movilizaciones y reclamos de vecinos en ciudades como La Paz, Santa Elena, Victoria, Concordia, Federación y Gualeguaychú, entre otras, diputados del oficialismo provincial presentaron un proyecto de resolución pidiendo a la secretaría de Energía de la provincia la suspensión de los cortes de luz por 180 días.

En su artículo primero, el texto firmado por toda la bancada del Frente Para la Victoria (FPV) pide al Ejecutivo que “considere con carácter urgente ordenar por el término mínimo y renovable de 180 días, la suspensión de las órdenes de interrupción de suministro eléctrico por falta de pago. En particular deberán considerarse prioritariamente las situaciones que involucren a usuarios beneficiarios de tarifa social, clubes deportivos, organizaciones civiles así como pequeñas y medianas empresas de la provincia, que justifiquen la imposibilidad de abonar las facturas y vean peligrar su subsistencia por falta de suministro”.

Asimismo, solicitan al área de Energía que adopte “las medidas necesarias para ofrecer a los usuarios del sector comercio y servicios disponer de la posibilidad de financiar el pago del servicio de energía eléctrica mediante un plan de seis cuotas, destinado a abonar tanto los dos primeros bimestres de este año como la deuda correspondiente al período 2017”.

Por último, se pide a los organismos provinciales competentes que en el tiempo que dure la suspensión “estudien y adopten medidas adicionales tendientes a morigerar el impacto de los aumentos de tarifas decidido por el Gobierno nacional”.

En la fundamentación del proyecto, los legisladores afirmaron que la resolución tiene por objetivo “la defensa de todos aquellos usuarios del servicio público de electricidad que tienen imposibilidad objetiva de abonar el servicio eléctrico que ha tenido incrementos exorbitantes que orillan el 1490 por ciento desde la asunción del Presidente Macri”.

Además, advirtieron que estos aumentos constituyen “ajustes desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los ‘clientes cautivos’ quienes no fueron tenidos en cuenta como parte de la relación que debe ser protegida y cuyos derechos deben prevalecer por sobre el derecho de las licenciatarias de obtener mayor ganancia”.