El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que busca implementar el etiquetado y rotulado frontal de alimentos para combatir la malnutrición, recibió dictamen favorable en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio del Senado, supo AIM. Así, quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en sesión.

Tal como adelantó AIM, la iniciativa fue aprobada en reunión de comisiones, quedan unificados 15 proyectos sobre el tema.

En agosto, los ministros Ginés González García (Salud), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), habían convenido avanzar en un tema que consideraban “prioritario” por considerarse una “necesidad sanitaria” ante la “pandemia más silenciosa y dura que es la obesidad y el sobrepeso”: el etiquetado de alimentos, y el Senado recogió la demanda y puso el tema en agenda.

En primer lugar, habló Ginés González García, quien destacó el trabajo conjunto de los tres ministerios, senadores y Copal. “Sabemos que es un tema complicado, por eso desde el primer momento trabajamos en la coordinación para alcanzar consensos”, explicó.

El ministro de Salud señaló que el proyecto se va a centrar en el etiquetado de grasas, azucares y sodio, para después implementar modificaciones al Código Alimentario. También destacó como prioritaria la regulación de la publicidad, además de la presencia, seguimiento y cuidado en los ámbitos educativos. En cuanto a las relaciones con el Mercosur, remarcó que es importante “armonizar” pese a que Brasil operó individualmente.

La experiencia internacional

En la reunión pasada de comisiones, Guido Girardi, autor de la iniciativa en Chile, dijo que “los alimentos llenos de grasas, sales y azucares son chatarra/basura porque un alimento no puede causar enfermedades”.

En cuanto a la ley de etiquetado frontal dijo que su objeto no es prohibir, sino establecer conceptos y terminar con la “asimetría de la información” que llevan los rotulados hoy día.

Sobre el diseño gráfico a utilizar, si bien en un primer momento se había pensado en un semáforo, después de muchos estudios focus group con niños, se llegó a la conclusión de que el rombo negro era la mejor opción.

También hizo énfasis en la importancia de que no haya publicidad “en ninguna parte” (están evaluando la regularización de las redes sociales y entornos digitales), que no se vendan ultra procesados en los colegios o que el Estado no haga compras públicas de alimentos con estas características. “Estamos pensando en poner un impuesto a los productos que tengan estos sellos, en vez de por ejemplo ponerlo directamente al azúcar”, comentó.

Al comentar los niveles de referencia para el etiquetado de productos sólidos propuso: 275 calorías como máximo, 400 miligramos de sodio, 10 gramos de azúcar, 4 gramos de grasas (valores que se ajustan según sea un producto líquido). “Es importante establecer límites por 100 gramos y no por porción, esto fue una batalla con la industria”.

Las ONGs

Desde Unicef señalaron que es importante cambiar patrones de consumo que vienen desde la niñez. “La industria tiene la capacidad de reconfigurarse para ser más saludable, está comprobado”.

Lorena Rodríguez, del Observatorio del Derecho a la Alimentación, resaltó que el etiquetado no debe prestarse a confusiones y que la publicidad, sobre toda la dirigida a niños, debe regularse inmediatamente.

La abogada Berenice Cerra, representante de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, explicó cómo el etiquetado frontal puede ser la puerta de entrada para otras regulaciones. Se mostró a favor del sistema grafico de octógonos negros de advertencia y los umbrales establecidos por la OPS.

Por su parte, Andrea Graciano, de Federación Argentina de Graduados en Nutrición, hizo mención a que únicamente el 26 por ciento de los argentinos leen la información nutricional y que la mayoría no la entiende.

El licenciado Ignacio Porras, de la Agrupación Sanar, destacó que el proyecto tiene, como columna vertebral, garantizar derechos a la información, alimentación saludable y salud. También se refirió a los vacíos que hay en el Código Alimentario que son usados por la industria, además de apañar a los ultra procesados. “Por eso, es necesaria una política pública que de herramientas a los consumidores para que puedan ser autónomos en sus decisiones”.

Gastón Ares, de la Universidad de la republica de Uruguay, habló de los plazos y dijo que 12 meses es “más que suficiente”. Sobre el etiquetado hizo énfasis en el uso de la palabra “exceso” en vez de alto y que la iniciativa debe ser una política de estado para que se pueda sostener en el tiempo.

Qué dice el dictamen

El proyecto dictaminado apunta a “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas”.

También se busca “advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz”.

El tercer y último objetivo es “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Se establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el país “en cuyo proceso de elaboración, o en el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos” en esta ley, “deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia” que “deberá indicar el exceso de los nutrientes críticos”.

Los valores máximos tomados en la ley son los estipulados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el dictamen se aclaró que los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevar el etiquetado de advertencia. El azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos quedarán exceptuados de la obligación del rotulado.

Se otorgarán dos años para que las industrian bajen el nivel de exceso de estos nutrientes, “un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue”, consideró la senadora Silvia Sapag, encargada de exponer el dictamen.

Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Ejecutivo, y en el caso de las pymes, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.

Asimismo, se sugiere al Estado que priorice compras de alimentos que no lleven sellos de advertencia.
De la Redacción AIM