Los bloques del Senado se reunirán la semana próxima para debatir sobre el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Cambiemos y el bloque de Miguel Ángel Pichetto se reunirán para pulir detalles del dictamen y terminarán de pulir modificaciones al dictamen, que podría tratarse en el recinto el miércoles 13, según pudo saber AIM.
Financiamiento político fue uno de los temas que puso en agenda el presidente Mauricio Macri, y sería uno de los prioritarios para aprobar en este primer tramo del periodo legislativo. Según pudo saber AIM, Se estima que la Cámara de Diputados sancione la ley en el mes de abril, para que pueda entrar en vigencia en este año electoral.
Mauricio Macri había incluido el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas en diciembre, pero algunas diferencias al interior del peronismo causaron la postergación del debate.
Tal como adelantó AIM, en febrero pasado, Pichetto expresó públicamente que el proyecto de financiamiento político sería tratado este año, en plena campaña electoral, por lo que durante la segunda semana de marzo habría una “revisión final” en el Senado, con el fin de votarlo en el recinto, aunque aclaró que “el dictamen fue muy trabajado” en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto.
Qué dice el texto de Financiamiento
El texto, al que tuvo acceso AIM, habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña. Se mantienen las prohibiciones actuales para sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; y empresas de juegos de azar, entre otros casos.
En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30 días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10 por ciento de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días, y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos.
El proyecto también establece que la Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la UIF, el Banco Central, la Afip, la Anses; la Procelac, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.
Por el momento, en la sesión de este miércoles en Senado, se trataría la ley Micaela, que apunta a capacitar con perspectiva de género a todos los empleados de los tres poderes del Estado, y que tuvo media sanción este martes en Diputados.