Este año, no sólo marca el inicio de una nueva década, sino también de una nueva agenda que pone varios temas arriba de la mesa política. Los alimentos, son y serán, uno de los principales ejes del futuro económico y productivo de este país. En este marco, es llamativo que pocas veces se avance en cuestiones relativas a la producción y comercialización de los alimentos desde una mirada inclusiva y heterogénea. Sin embargo, existen antecedentes que marcan el largo camino hacia la sanción de la Ley de góndolas.
Los primeros pasos
La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun presentó en 2017 el primer proyecto sobre este tema, denominado proyecto de ley de acceso a bienes de consumo popular. El objetivo de la iniciativa era permitir el acceso general de bienes de consumo de la economía solidaria y popular. Es decir, abordar la problemática desde la óptica de los pequeños y medianos productores de alimentos agrupados en cooperativas, pymes y organizaciones de la agricultura familiar. Para su redacción, se tomó como referencia la exitosa legislación ecuatoriana que rige desde 2013.
Nuevamente, en volvió a presentarse ese mismo proyecto insistiendo en la democratización del sistema agroalimentario argentino. Se trata de abordar en su integralidad una estructura productiva caracterizada por la concentración, la homogeneidad y la falta de inclusión. Este proyecto contó con el acompañamiento del sector cooperativo, que fue clave para demostrar la sintonía de la propuesta con los actores de la economía solidaria. Instituciones como la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos (Fopal) y de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) acompañaron el proceso y aportaron desde la experiencia sus miradas y necesidades para avanzar en la construcción de una economía más justa e inclusiva.
Un proyecto de consenso
El proyecto que se aprobó este viernes fue fruto del consenso en base a propuestas de diferentes legisladores que lograron sintetizarlas en un solo documento. Una de las cuestiones que establece en cuanto a las góndolas es que la exhibición de productos de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30 por ciento del espacio disponible que comparte con productos de similares características. En cuanto al plazo de pagos a las pymes y pequeños productores, no podrá superar los 60 días, práctica poco común en el actual sistema de comercialización donde los actores más poderosos obligan a financiar el circuito a los pequeños proveedores. Paralelamente, dispone un porcentaje mínimo de oferta de productos de la economía solidaria y popular de origen local. Por último, el proyecto propone un órgano de contralor en manos del Estado. En síntesis, se trata de una legislación de avanzada para un país que tiene pendiente reconocer la heterogeneidad estructural de su matriz productiva.
Más góndolas, menos concentración
Este proyecto se discute en el contexto de una economía que, en los últimos años, se concentró exponencialmente a costa de los actores más débiles de la cadena. El sistema agroalimentario argentino siguió concentrándose en todas sus etapas: producción, provisión de insumos, distribución y comercialización. Este esquema fortaleció la alianza entre las grandes corporaciones que producen y las que comercializan, amenazando la soberanía alimentaria para condicionar la elección de qué producir y qué consumir por parte de productores y consumidores.
Además, esta nueva ley no sólo pretende reducir la especulación de la oferta de productos y de sus precios, sino que también aspira a mejorar la calidad de los alimentos y la salud de los consumidores. En definitiva, crear una herramienta desde el Estado para fortalecer el arraigo y el desarrollo local de las economías regionales.
*Por Gabriel Giménez, integrante del equipo coordinador del proyecto de ley de la senadora María De los Ángeles Sacnun. Para Revista PPV, especial AIM.