Idas y vueltas en torno al proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Si bien se creía que la iniciativa se sancionará este miércoles en el recinto del Senado, finalmente se decidió no continuar con la decisión, informaron a AIM fuentes parlamentarias. El texto ya contaba desde principios de diciembre con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. Actualmente, no había un acuerdo cerrado para votarlo en el marco de extraordinarias, pero los legisladores decidieron reflotarlo igual.
Según pudo saber AIM, el proyecto de ley tuvo problemas con los votos. La falta de acuerdo político interno decanto en la decisión de no tratar la iniciativa hasta 2019, que además estará atravesado por lo electoral. La semana pasada se había arreglado su tratamiento esta semana luego de idas y vueltas en torno al tema.
Qué dice el texto
El texto habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña. Se mantienen las prohibiciones actuales para sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; y empresas de juegos de azar, entre otros casos.
En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30 días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10 por ciento de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días, y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos.
El proyecto también establece que la Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la UIF, el Banco Central, la Afip, la Anses; la Procelac, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.
Por el momento, en la sesión de este miércoles en Senado, se trataría la ley Micaela, que apunta a capacitar con perspectiva de género a todos los empleados de los tres poderes del Estado, y que tuvo media sanción este martes en Diputados.