La cadena busca achicar su estructura para sobrevivir a la caída de ventas y la suba de costos. En total está presente en 18 provincias, incluida Entre Ríos. Aseguran que está al día con su deuda y no tiene cheques rechazos.

La cadena de electrodomésticos Ribeiro se sumó a la larga lista de empresas que solicitaron un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para achicar su estructura y sobrevivir a la caída de ventas y la suba de los costos operativos que la pusieron en jaque.

La compañía de capitales nacionales, comandada por la tercera generación de la familia fundadora Ribeiro, comenzó sus actividades en la provincia de San Luis en 1910 y una de sus fortalezas eran los micro créditos que ofrecía a sus clientes. Incluso a partir de fines de 2006 comenzó a desarrollar el negocio de créditos personales en efectivo, pero justamente la venta de bienes durables y los créditos personales fueron dos de los sectores más golpeados por la crisis.

La devaluación del peso junto a las altas tasas de interés de los bancos y la caída estrepitosa de las ventas complicaron su operatoria. En su último balance anual cerrado en junio del año pasado registró pérdidas por 249,3 millones de pesos.

El panorama se torna más complicado teniendo en cuenta que en su balance parcial, cerrado en marzo pasado, su resultado negativo asciende hasta los 686,3 millones, a la misma altura del año anterior, sus pérdidas fueron de poco más de 59,2 millones.

En este contexto de crisis económica la empresa planea cerrar parte de su extensa red comercial que en la actualidad suma 85 sucursales que operan bajo la marca "Minicuotas Ribeiro". En total está presente en 18 provincias además de la Capital Federal.

Tal como sucedió con otras cadenas de electrodomésticos Ribeiro experimentó una fuerte expansión años atrás, alentada por las cuotas sin interés y el consumo interno de bienes durables que se mostraba sostenido.

No obstante, según el diario Ámbito Financiero, la situación por el momento no parece tan alarmante porque según se desprende del último informe del Banco Central hasta el momento no incurrió en demoras en los pagos de su deuda bancaria -que asciende a 967,6 millones de pesos- y no presenta cheques rechazados.

En las próximas semanas la empresa junto con el gremio de comercio y el de transporte tratarán de avanzar en un acuerdo frente a la justicia comercial en el marco del PPC.