Tras la polémica que generó la reunión el mes pasado, la Cámara de Diputados reactiva el debate. Este jueves, la Comisión de Legislación General buscará reunirse con el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Donsanto. El objetivo del encuentro es acordar la iniciativa para poder avanzar en la norma, supo AIM. El plazo para que se le dé tratamiento vence el 30 de noviembre. Si se supera esa fecha, perderá estado parlamentario y habrá que empezar todo de cero.

Públicamente, el presidente del organismo más representativo del sector que nuclea a los profesionales inmobiliarios anunció en ese sentido que también participarán del encuentro el secretario de la Vivienda, Iván Kerr, y el diputado Waldo Wolff.

“Ratificaremos nuestra posición contraria a este proyecto por sus múltiples efectos negativos que acarreará a poco andar y que se profundizarán con el tiempo”, afirmó el referente de los casi diez mil corredores inmobiliarios bonaerenses.

Donsanto agregó que “no vamos con las manos vacías, mantenemos la propuesta del alquiler social como una herramienta en la que todos podemos aportar algo para con el sector más vulnerable de la sociedad”.

En esta primera etapa de negociaciones, y tras el rechazo que generó en primera instancia, el objetivo de quienes son parte del negocio de los ladrillos era frenar o modificar algunos de los puntos que menos los convencían. Según pudo saber AIM, las sugerencias son:

• Lograr que cada provincia tenga autonomía sobre la implementación de esta nueva reglamentación. Inmobiliarias y propietarios entienden que hay mercados -sobre todo en el interior- en donde no hay conflictividad, por lo que consideran que la aplicación de esta ley no tiene sentido.


• Bajar los tiempos de desalojo: que no superen los 30-60 días, proceso que hoy puede demandar hasta tres veces más.


• Acotar el abanico de posibilidades de presentación de garantías necesarias para rentar un inmueble

• La garantía solicitada para un alquiler será más flexible, si bien no tanto como pretendía la redacción original del proyecto. Hasta el momento se consensuó que puedan presentarse dos opciones, aunque quien tendrá la palabra final, en definitiva, será el dueño del inmueble.


• Es posible que se elimine la obligatoriedad de la declaración de estos contratos ante Afip, tal como indica el texto original. Es uno de los puntos más calientes del debate, ya que son muchos los propietarios que nada quieren saber con esto. Otra cuestión que se discute es si, al no tener blanqueado el contrato, el propietario luego va a poder recurrir a la vía judicial en caso de tener inconvenientes con un inquilino.


• El reajuste de precios se realizaría mediante un indicador especial que tenga en cuenta la evolución de los precios y también de los salarios. El proyecto original hacía referencia a un período semestral y a través del índice UVA.