Las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda se reunirán este martes para comenzar a analizar el proyecto de ley del oficialismo que prevé la regularización del empleo no registrado. Se espera que referentes de la CGT se presenten al encuentro para brindar aportes a la iniciativa, supo AIM.

Esta semana, el Senado empieza a darle tratamiento al proyecto de ley de blanqueo laboral, que envió el Gobierno al Congreso, de la mano del legislador de Cambiemos, Roberto Basualdo.

La iniciativa fue elaborada por el ministerio de Producción y Trabajo y la CGT, desde el fracaso del proyecto de Reforma Laboral, que había causado un fuerte rechazo de las centrales sindicales.

Este proyecto sería una manera de allanar el camino con los sindicatos en plena campaña laboral, algo que preocupa a la posición, dado el tenor de la iniciativa con la que se alzaría el oficialismo.

El proyecto que lleva como título “Regularizacion del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral” consta de 21 artículos y, entre sus fundamentos, se propone “enfrentar el recurrente problema socio laboral de la clandestinidad de las relaciones de empleo para lo cual se prevé una oportunidad a los fines de permitir la regularización de toda situación de falta de registración de contratos de trabajo o de registración insuficiente o incorrecta, otorgando un plazo de 365 días, así como estímulos adicionales dirigidos a los empleadores que se encuentran en tales situaciones”.

El proyecto establece un plazo de 365 días corridos, desde la entrada en vigencia de la reglamentación de ley, para los empleadores que decidan regularizar la situación de sus trabajadores en negro.

A su vez, está prevista una condonación de las deudas de aportes y contribuciones patronales. “Los empleadores que regularicen relaciones laborales en los términos del presente régimen gozarán de una condonación del 100 por ciento de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios”, establece el texto. Además, una vez que regularicen a la totalidad de sus trabajadores se producirá la baja del Registro de Empleadores con sanciones laborales (Repsal).

En tanto, los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice. “Dichos meses serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la relación laboral, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley”, indica la iniciativa.

El proyecto también incluye un apartado que apunta a la promoción de empleo. En este sentido, establece que a los empleadores que, dentro de los 365 días de entrada en vigencia de la ley, den inicio a nuevas relaciones laborales “gozarán respecto de las mismas y por el plazo de dos años contados a partir de la registración, de la exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino”.

Por último, se establece que a los fines de fortalecer la registración y contrarrestar la evasión en la Seguridad Social, “el empleador que no registrare una relación laboral, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente al 25 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del reconocimiento de la falta de registro, por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda”. Además, el empleador deberá depositar a la Seguridad Social, una multa de monto equivalente a dicha indemnización.