La Comisión de Sistemas y Medios del Senado se reunirá este martes a las 11, cuando firmaría el dictamen del proyecto de ley de telecomunicaciones, autoría del Poder Ejecutivo y que ingresó al Congreso en abril de este año, supo AIM. La iniciativa recibió críticas por favorecer a monopolios y cercenar la integralidad.

Según pudo saber AIM, este martes a las 11, se firmaría dictamen sobre la ley de telecomunicaciones en el marco de la reunión de la comisión de Sistemas y Medios.

En abril pasado, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, exhibió un proyecto de ley de telecomunicaciones llamado “Ley de Fomento de despliegue de infraestructura y competencia TIC”.

La presentación frente al Senado se dio en el marco del desarrollo del Plan de Conectividad y Comunicaciones liderado por el Ministerio de Modernización.

En ese marco, Andrés Ibarra comentó: “Estas reformas tienen su centro en la convergencia y en generar condiciones que permitan que el retraso generado por políticas de gobierno sea dejado atrás. Es esencial garantizar un marco normativo moderno y dinámico para viabilizar la transformación digital argentina, que incluya no solo conectividad móvil e internet fija, sino también televisión y telefonía”.

Sin embargo, según el investigador Martín Becerra, el proyecto de ley se inscribe en una serie de medidas puntuales y de inspiración unitaria tomadas por el gobierno en función de coyunturas y lecturas de corto plazo y, en consecuencia, carece de una mirada integral de las comunicaciones. Al carecer de esa mirada integral, tampoco estima el impacto que tendrá su aplicación.

El carácter parcial y, la mayoría de las veces, sesgado en favor de un actor corporativo, horada la dinámica innovadora en productos y servicios que es inherente al sector audiovisual, a las telecomunicaciones y a Internet en tiempos de digitalización, e impide que el resto de los actores, sobre todo los cooperativos, los comunitarios y los pequeños y medianos, planifiquen a mediano plazo su desarrollo en el entorno de las comunidades en las que prestan servicios.

El proyecto de “ley corta” deja de considerar las diferentes escalas de funcionamiento del sector de las comunicaciones, que hasta ahora -y con tensiones lógicas- había reparado en el aporte que realiza el núcleo dinámico, intensivo en la generación de empleo y esencial como productor y proveedor de contenidos locales que son las cooperativas y Pymes en todo el territorio nacional (y no sólo donde hay grandes mercados). La perspectiva mercantilista de la ley corta elude contemplar el rol de cooperativas y emprendimientos pequeños y medianos en las economías regionales, pues su diseño obedece a una necesidad coyuntural (compensar a Telefónica de los beneficios dispensados al Grupo Clarín en plena fusión entre Cablevisión y Telecom). Además, su sesgo es marcadamente unitario y centralista, ya que proyecta al conjunto del heterogéneo territorio nacional las características del mercado de la Ciudad de Buenos Aires.

Es paradójico, pero la política en comunicaciones que desde diciembre de 2015 invoca la falta de atención a la convergencia de las leyes votadas por este Congreso en materia de telecomunicaciones, TIC y servicios audiovisuales, hasta ahora no ha hecho más que impedir la convergencia para la mayoría de los actores del sector amplio de las comunicaciones y allanar el camino de uno solo de ellos. Desde el inicio se habló de un “régimen de transición” que acabaría al cabo de seis meses con una propuesta de ley integral y convergente. Lejos de honrar ese compromiso, han pasado ya 30 meses y el único proyecto legislativo enviado por el gobierno consiste en un texto de 13 artículos inconexos que afectan al menos tres importantes leyes aprobadas por el Congreso Nacional, una de las cuales además exige una mayoría especial para su modificación.

La creación y disolución del Ministerio de Comunicaciones, la gubernamentalización de la autoridad de aplicación (ENaCom), donde los tres miembros designados por el Poder Legislativo sobre siete directores (los otros cuatro los pone el Poder Ejecutivo) pueden ser removidos “sin expresión de causa” por el Presidente; la promesa de un proyecto de ley integral de convergencia jamás presentado pese a la publicitada conformación de una comisión redactora; el objetivo de contar en el corto plazo con un cuarto operador de telefonía móvil, son parte de una secuencia errática que revela la ausencia de una estrategia de interés público en comunicaciones.

Por su parte, el diputado nacional Sergio Ziliotto (Argentina Federal) criticó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento, afirmando que agranda el negocio de los privados, al tiempo que minimiza el de las cooperativas y entes públicos.

"Concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de AR-SAT. Es un retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos”, fueron los cuestionamientos que hizo el diputado.

Ziliotto anticipó que “se vienen debates muy complejos, hay muchos intereses de por medio”, y señaló que “buscaremos modificar dicho proyecto e incorporar el objetivo del nuestro: que las empresas provinciales y las cooperativas accedan a licencias plenas para a la prestación de estos servicios. Son, claramente, los únicos actores que podrán regular la calidad y el precio de las telecomunicaciones”.

El proyecto enviado al Congreso, denominado por el propio gobierno “Ley Corta”, expone beneficios tales como “contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.

En la práctica propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir en la prestación de los denominados paquetes “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, banda ancha de internet y TV por cable). Y supuestamente competirán con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G, advirtió Ziliotto.

De recibir dictamen este martes, la iniciativa estaría en condiciones de tratarse en el recinto. Tras su aprobación, pasaría para su sanción en Diputados y convertirse en ley.