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Trabajadores de Télam toman el CCK y piden por la reincorporación de los periodistas

Los trabajadores de la agencia nacional de noticias Télam ocuparon pacíficamente el Centro Cultural Kirchner (CCK), sede del Sistema Federal de Contenidos y Medios Públicos, en reclamo por la reincorporación de 357 periodistas y empleados de la agencia, despedidos el pasado 26 de junio, se informó a AIM desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Según pudo saber AIM, los trabajadores ocuparon el edificio donde tiene sus oficinas el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, con el objetivo de entablar un diálogo formal con las autoridades responsables de los medios públicos con vistas a solucionar el conflicto, que lleva más de 80 días, aunque no fueron recibidos por ningún funcionario.

“Vinimos hoy acá para defender la existencia de la agencia nacional de noticias y la Télam publicitaria que quieren destruir funcionarios irresponsables que desde que decretaron el despido masivo de trabajadores desaparecieron de la empresa”, señaló Mariano Suárez, delegado de Télam, al desocupar el CCK.

La ocupación pacífica del CCK se desarrolló 48 horas después de que personal jerárquico de la agencia nacional decidiera emitir cables a través de una Télam fantasma con sede en Tecnópolis, que no cumple con los mínimos requisitos de profesionalidad ni rigor periodístico y que, dada sus escasas cualidades informativas, puso al aire con carácter gratuito para los abonados.

El pasado 26 de junio, el directorio de Télam despidió al 40 por ciento de la empresa, generando el vaciamiento de la agencia nacional de noticias, destruyendo su carácter federal y eliminando la función de contralor de la pauta publicitaria oficial que desarrolla.

En el transcurso de estos 87 días, la Sala V de la Cámara Federal del Trabajo ratificó un fallo de primera instancia del juzgado número 22, que obliga al gobierno a la reincorporación de los despedidos y la convocatoria a un proceso preventivo de crisis en la secretaría de Trabajo, pero el Poder Ejecutivo se niega a implementar la orden judicial, desconociendo la división de poderes y poniendo en jaque este principio fundamental de la legalidad democrática que es el acatamiento de los fallos judiciales.

 

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