Tras casi dos años de prisión, quedaron en libertad Cristóbal López y Fabián De Sousa

Luego de que hubieran transcurrido un año y diez meses detenidos en prisión preventiva, finalmente se efectivizó este martes la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.

Habiéndose cumplimentado el trámite de caución real que había exigido la Justicia, el juez federal Claudio Bonadio autorizó ayer su salida del penal de Ezeiza, luego de tener que acatar el fallo de la Cámara Federal que había ordenado el cese de la prisión preventiva ya que no había riesgos procesales, único requisito para disponer la privación de la libertad, pese a la negativa de Bonadio que instruía la causa “cuadernos”, sobre la que no hay ningún detenido actualmente.

Ambos presentaron un seguro de caución por 60 millones cada uno garantizados con bienes de los que no podrán disponer, algo que terminó siendo aceptado por Bonadio que se había negado en un principio a concederles la libertad pese al dictamen favorable del fiscal Carlos Stornelli. La superintendencia de Seguros de la nación validó la documentación aportada a la fianza y de esta manera, el juez dispuso que sean formalmente liberados desde la sede de la Policía Federal de Madariaga y General Paz.

El 19 de septiembre, ambos habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal N°3, a cargo de la causa Oil Combustibles donde se originó la denuncia del juez Julián Ercolini para que fueran detenidos por primera vez en diciembre de 2017. Luego de una exhaustiva investigación, la jueza María Eugenia Capuchetti -que ingresó en su cargo en mayo pasado- resolvió sobreseerlos de una presunta violación a la medida cautelar de inhibición de bienes que había argumentado Ercolini para disponer su detención.

El hecho del traspaso de acciones del Grupo Indalo jamás existió, fue la conclusión de la magistrada, luego de haber accedido a peritajes sobre los libros contables de las empresas. La medida no fue apelada por el fiscal Ramiro González que había dictaminado días antes en el mismo sentido, no hallando prueba alguna de lo que sostuvo Ercolini en su denuncia inicial. Pero en paralelo, la liberación no fue efectiva debido a dos pedidos de prisión preventiva que había dispuesto Bonadio, en una causa colateral a “cuadernos” por la compra de dos departamentos y otra en el marco de la supuesta cartelización donde el juez procesó a un centenar de empresarios que habían participado en la obra pública.