Tras su expulsión arbitraria, Vanesa Gómez regresará al país.En el marco de políticas segregacionistas, fue obligada a abandonar el país en febrero de este año y dejar a dos de sus hijos en el país. “Esto es el fruto de la lucha y organización de los colectivos migrantes, de derechos humanos, la sociedad civil y organizaciones políticas que vienen denunciando las expulsiones arbitrarias y que el DNU 70/2017 sea anulado definitivamente”, destacaron a AIM desde el Bloque Migrar no es Delito.

“El regreso de Vanessa Gómez es un hecho, le otorgaron la dispensa y podrá estar reunida con sus hijos en Argentina, país donde residía desde hace 15 años y generó su propio proyecto de vida, estudiando y trabajando”, resaltaron desde el sector en un documento al que tuvo acceso AIM.

“A este gobierno inhumano no le importó sacar del país a un niño argentino para lograr ejecutar la expulsión de su madre: Vanessa Gómez” recordaron desde el Bloque.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió este lunes levantar la prohibición de ingreso al país para Vanessa, de 33 años, quien fue expulsada en febrero pese a que había cumplido una condena de cuatro años de prisión en el Penal de Ezeiza de Mujeres.

El porcentaje de personas extranjeras encarceladas en los últimos quince años (2002-2017) es estable. Es entre el 4,9 y el seis por ciento del total de la población recluida en establecimientos federales y provinciales, indicaron a AIM desde el Bloque de Trabajadores Migrantes.

En ese sentido, “la difusión de noticias falsas reafirma prejuicios, genera políticas públicas injustas y estigmatiza a las personas migrantes”, agregaron en un documento al que tuvo acceso AIM.

La historia

Vanessa Gómez Cueva es peruana. Llevaba 15 años en la Argentina. La Policía la fue a buscar a la casa en la que vivía en Villa Lugano y, con el pretexto de que debía firmar una notificación, la sacaron de su hogar con su bebé de dos años –y argentino-.Pese a que ya cumplió la condena que recibió por infracción a la Ley de Drogas, el operativo se desarrolló igual, separándola de sus otros dos hijos, de cinco y 14 años, que quedaron en el país. Este es uno de los ejemplos mediante el cual el gobierno busca asociar migración con delito, pero los datos lo desmienten.

En 2017, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 70/2017 que modifica la Ley de Migraciones e impone polémicos controles para que supuestos extranjeros que delinquen permanezcan en el territorio nacional pese a tener antecedentes penales.

Con el decreto 70/2017 “se pasa por encima a la propia ley Nacional de Migraciones, la cual contempla que en el caso de expulsión de migrantes con antecedentes penales sea revisado cuando él o la migrante tenga familia e hijos en el país. Por tanto, exigimos que se respete el interés superior de los niños y adolescentes, firmado y ratificado por Argentina en la Convención de derechos de niños, niñas y adolescentes de 1991”, remarcaron.