Por Miguela Varela, de revista PPV, especial para AIM. El pasado jueves, comenzó la Conferencia Mundial de Ayuda Humanitaria para Venezuela en Washington, donde se pretendió institucionalizar el intento de ocupación del país caribeño.  Bajo el concepto de “ayuda humanitaria”, el llamado a participar de la cumbre no fue realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino por parte de su titular, Luis Almagro. Pero, ¿cómo se explica la Operación Ayuda Humanitaria mientras se aplica un bloqueo económico que asfixia a la economía venezolana?

El acontecimiento fue inaugurado por el “representante” de Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, quién exclamó “¡Ya basta!” en referencia a la crisis que se vive en Venezuela y al conflicto que mantiene la oposición con el gobierno de Maduro. Acto seguido, aseguró que el programa de asistencia se concretará el 23 de febrero como fecha límite.

Como una apuesta a futuro, la cumbre recaudó 100 millones de dólares por parte de empresarios, ONGs y lobistas de diferentes países. Probablemente, quienes emitieron esas donaciones esperan a cambio mucho más en forma de futuras desregulaciones impositivas, negocios y concesiones ante un posible escenario de cambio de gobierno.

Esta estrategia se enmarca en una campaña mediática sin precedentes sobre la necesidad de ayuda humanitaria que, si bien puede mejorar infinidad de situaciones de emergencia que viven les venezolanxs, tiene una función más marketinera que práctica. No sólo no está avalada por ningún Organismo Internacional, sino que además no refleja los principios básicos de cualquier proceso de asistencia tales como la imparcialidad, la neutralidad o la independencia operacional. Fueron innumerables las declaraciones del gobierno de Estados Unidos amenazando con esta herramienta para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Además, organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Cruz Roja Venezolana expresaron la importancia de despolitizar la ayuda humanitaria y la necesidad de que sean las demandas del pueblo venezolano las que guíen los términos de cuándo y cómo utilizarla.

Fueron tantas las repercusiones sobre este tema que hasta el New York Times publicó una nota el 5 de febrero donde manifestaba: “La oposición de Venezuela dice que se está preparando para entregar decenas de millones de dólares en alimentos y medicinas (…), pero algunas de las principales organizaciones humanitarias son reacias a cooperar por temor a que el plan pueda convertir la ayuda humanitaria en un arma política”. En el mismo sentido, afirmaba que el Comité Internacional de la Cruz Roja y su filial local en Colombia aseguraron que no participarían debido al incumplimiento de los principios fundamentales que rigen a la ayuda humanitaria. De manera similar, Caritas, también se apartó de la iniciativa por “servir a intereses políticos”.

La otra ayuda humanitaria

La contracara de imponer la ayuda humanitaria sin el consentimiento del Estado receptor, son los envíos que provienen de países como Cuba, China, Rusia, Palestina, Turquía, entre otros. Según el ministro de Salud Venezolano, Carlos Alvarado, ya se han recibido más de 900 toneladas de insumos y materiales médicos donde se destacan los anestésicos, antipiréticos, protectores gástricos, soluciones fisiológicas y nutrientes para embarazadas. Además, Venezuela recibió a profesionales cubanos que fueron enviados para prestar asistencia sanitaria.

¿Y el bloqueo?

Las constantes referencias a la necesidad de la ayuda humanitaria en Venezuela tienen como sustento la falta de comida y medicamentos. Sin embargo, lo que nunca se explica es la causa de estas carencias. Es el bloqueo que hoy pesa sobre los hombros del pueblo venezolano uno de los factores fundamentales de esta situación. Y no se trata de una realidad que comenzó en 2019, sino que data de hace algunos años y las consecuencias parecen no atenuarse. Este bloqueo tiene responsables con nombre y apellido: sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.

Si bien las sanciones personales a los y las funcionarias venezolanas se remontan al año 2014, el bloqueo se fue endureciendo hasta afectar la vida cotidiana del país. En el año 2016, Citibank cerró las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela y del estatal Banco de Venezuela, dificultando el pago a proveedores de bienes esenciales para el país. Durante 2017, la empresa de servicios financieros Euroclear retuvo 1.650 millones de dólares venezolanos que serían destinados a la compra de alimentos y medicinas.

Ya en marzo de 2018, Donald Trump firmó una resolución a través de la cual se impide a la ciudadanía norteamericana y a quienes residan en territorio de Estados Unidos realizar transacciones con moneda digital emitida por el gobierno venezolano. Esta medida fue la respuesta al lanzamiento del Petro, la moneda digital cuyo respaldo se basa en el petróleo. El mismo año, John Bolton anunció sanciones contra las exportaciones de oro de Venezuela. A principios del 2019, el Departamento del Tesoro endureció las penalidades contra funcionarixs y sumó a la lista a empresarixs “amigues del régimen”. Como si fuera poco, a finales de enero de este año, el Departamento de Estado y el del Tesoro cancelaron órdenes de compra a Pdvsa  y transfirieron el control de su filial Citgo y de otras cuentas bancarias al “Gobierno de Guaidó”, privando así al Estado venezolano de recursos para su normal funcionamiento por 7000 millones de dólares.

Otro dato clave para comprender los efectos del bloqueo refiere a que, desde 2017, se han perdido 20 millones de dólares en comisiones de operaciones cambiarias para la compra de medicamentos. Esta cifra equivale al tratamiento de más de 60.000 pacientes con VIH y vacunas para niños, niñas y adolescentes. Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos, esto sucede debido a la imposibilidad de operar con dólares estipulada en las sanciones dejando como única vía la operación con otras divisas, cuyas comisiones encarecen las compras.

A esto hay que sumarle una lista extensa de sanciones a empresas venezolanas consideradas corruptas tales como Globovisión, Seguros La Vitalicia, Techical Suport Trading, Lumar Development, Proalco, Maritime Crews, Averuca, Tindaya Propiedades, entre muchas otras.

El bloqueo impide el ingreso de artículos de primera necesidad para generar angustia sobre la ciudadanía y así mayor descontento contra el gobierno. Como una paradoja, una vez generada la crisis, son sus mismos creadores los que denuncian los faltantes y pretenden acercar soluciones. Estrategias de manual para desestabilizar a un gobierno que parece no obedecer.