Desde el año 2010, la provincia de Entre Ríos cuenta con un “Protocolo Interinstitucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual lnfantil (ASI)”,  aprobado por Decreto 2405/10.

Dicho protocolo es producto de una construcción participativa entre varios sectores del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Las Instituciones que participaron en su elaboración fueron: Poder Judicial, Ministerio Publico de la Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, Consejo General de Educación y  Policía de Entre Ríos.

El objetivo principal fue evitar el proceso de re victimización de los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y promover redes de trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Nuestra provincia es una de las pocas del país que posee un instrumento de estas características, que normativiza prácticas tan sensibles por el tipo de problemática que aborda.

Esta herramienta con la que cuentan los profesionales de la salud (entre otras profesiones) y que están obligados a cumplir, partió de un importante compromiso del Estado provincial, que puso el foco sobre poblaciones vulnerables y situaciones muchas veces invisibilizadas, y busca  homologar las prácticas frente a determinados acontecimientos de posible abuso sexual infantil.

Las circunstancias en que se reciben (o no) las denuncias de las diferentes violentaciones (de género, infantil, entre otras), las maneras en que se informa (o desinforma), los tratos discriminatorios, las consideraciones acerca del orden privado de algunas situaciones, muchas veces constituyen procederes que vuelven a victimizar a las víctimas y a vulnerar derechos de los involucrados en cualquiera de instancias. Es por ello que, en su estructura, el Protocolo establece los principios, objetivos y marco jurídico de referencia y detalla, asimismo, el circuito que efectúa una denuncia, indicando a su vez, las competencias de cada una de las instituciones intervinientes.

De esta manera, en respuesta a la pregunta “¿cómo hay que obrar?”, define un procedimiento de actuación que intenta garantizar la protección de derechos y el acceso a la justicia, proponiendo modos de intervención deseables y procurando evitar tanto la inacción como la sobreintervención.

Por todo ello, el Coper convoca a los medios de comunicación a interiorizarse acerca de esta importante herramienta de nuestra provincia para respetarla y utilizarla como guía; ya que, en ciertas oportunidades,  al pretender informar sobre situaciones altamente traumáticas para quienes las padecen, se vulneran los derechos de los niñas, niños y adolescentes, pero también los de adultos o profesionales intervinientes que han actuado conforme a lo establecido y pautado institucionalmente.

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