La infancia no es ajena a los hechos acaecidos en los últimos tiempos en América Latina. En el marco del 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en América Latina, diferentes situaciones de violencia deberían ser motivo de alerta y visibilización de denuncias por el grave retroceso de la garantía de los derechos humanos, informaron a AIM desde el Observatorio Infancia Eduardo Bustelo.
Diferentes hechos en varios países de la región, pusieron de manifiesto la grave situación que afrontan la infancia y juventud en el continente; de vulneración de derechos, violencia institucional hacia la niñez, violaciones, asesinatos, represión indiscriminada, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, pobreza extrema, entre otros.
Se deben destacar los asesinatos de ocho niños, niñas y adolescentes en Colombia (en el departamento del Caquetá) por bombardeos de las Fuerzas Armadas, y que determinó la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero del Gobierno del presidente Iván Duque.
También debe advertirse los hechos acaecidos en Chile, como las incursiones represivas de Fuerzas de Seguridad al interior de Establecimientos Educativos donde asisten menores de edad; las violentas acciones represivas hacia manifestaciones callejeras de estudiantes con saldos de graves heridos y mutilaciones, como así también las detenciones arbitrarias y traslados de niñas, niños y adolescentes en móviles de Fuerzas de Seguridad y criminalización de las expresiones de descontento juvenil contra el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y contra el pseudo-idílico “modelo chileno”.
Tampoco se debe dejar de mencionar las graves consecuencias hacia los Derechos de la Niñez en la Argentina de los últimos cuatro años del presidente Mauricio Macri, donde se registra al final de su mandato una “infantilización de la pobreza” con más del 52 por ciento de menores de 15 años por debajo de la línea de pobreza; y la licuación de montos o la eliminación directa de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo o Pensiones por Discapacidad. Sumado a las pretendidas y recurrentes avanzadas por la “baja de edad de punibilidad” que solo se había registrado en tiempos de Dictadura con el único objetivo de criminalizar a “les pibes” pobres; como así también las lamentables ejecuciones extrajudiciales de adolescentes y jóvenes a manos de diferentes Fuerzas de Seguridad en todo el país, apañadas en la nefasta “Doctrina Chocobar” que habilita a efectivos policiales a disparar (y por la espalda) primero y luego preguntar.
Capítulo destacado son las graves vulneraciones del gobierno de Estados Unidos en la frontera con México respecto a la situación de la infancia fundamentalmente latinoamericana migrante, con las atroces directivas del presidente Donald Trump, que tiene aún 103.000 menores de edad retenidos en centros de detención de inmigrantes; muchos miles de los cuales, son separados de sus familiares adultos. El país del norte es el único país del mundo que aún no firmó la Convención de los Derechos de los Niños, pero que sigue ostentando la jefatura de Unicef global.
Además de resaltar el silencioso y continuo proceso de “Juvenicidio” (persistentes y sistemáticos homicidios o muertes violentas a lo largo y ancho de Latinoamérica) que bien expresara el profesor José Manuel Valenzuela del “Colegio de la Frontera Norte” de Tijuana, México; y cuya máxima expresión son la desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014; en época del Gobierno del ex-Presidente Enrique Peña Nieto.
Sin contar las situaciones de relevancia mediática, también se observaron en los últimos tiempos diferentes vulneraciones de derechos de la infancia en el resto de países latinoamericanos, tanto en el marco de las manifestaciones sociales masivas recientes en Ecuador contra el presidente Lenin Moreno, o en el marco del Golpe de Estado en Bolivia; como así también situaciones de profundización del “criadazgo” en Paraguay; la trata y explotación sexual en diferentes puntos del continente; el trabajo infantil naturalizado en diversas sociedades de la región; o la pandemia de la situación de adicciones de los jóvenes; o los extendidos flagelos de la condición de la niñez en situación de calle o infancias sin cuidados parentales.
Todos esos hechos tienen un denominador común, son sucesos consecuencias de los procesos neoliberales en la Región, que profundizan las desigualdades y el accionar represivo a los sectores menos favorecidos: las infancias y juventudes empobrecidas de nuestros países.
Se impone que en esta fecha emblemática Latinoamérica sepa y logre re-encauzar procesos políticos emancipatorios, encarnados en la defensa de sus propios intereses nacionales y en defensa de sus mayorías populares.
Porque como tal enseñara el especialista Eduardo Bustelo, “es un imperativo moral trabajar para que se avecine un tiempo de configurar un nuevo paradigma para el cambio social centrado en la idea de infancia como emancipación”, porque como él afirmaba, la infancia es un “campo de disputa”, es una “categoría social” y un “sujeto polìtico”, en tanto “en una concepción biopolítica de la infancia, el espacio estatal público es el ámbito de lucha por el poder para defender sus derechos”.