Los asesores de las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales se reunirán este jueves para debatir el proyecto de ley de Defensa del Consumidor, que busca reemplazar la legislación vigente, que tiene 25 años de antigüedad. Desde entonces, son muchos los cambios en el consumo, en el impacto de las nuevas tecnologías y en la normativa internacional, registró AIM.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, es autoría de la senadora de Cambiemos, Inés Brizuela y Doria de Cara, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías en el Senado.

La Ley 24240, sancionada en 1993, constituyó en sus 25 años de vigencia un instrumento esencial para canalizar los intereses de los consumidores frente a las cambiantes exigencias económicas y sociales. Sin embargo, las diversas modificaciones de la Ley 24240, desde su entrada en vigencia, los cambios en el consumo, el impacto de las nuevas tecnologías y la normativa internacional confirmaron la necesidad de una reforma integral de su texto.

Durante un año y medio de trabajo, la Comisión Reformadora, compuesta por juristas de primer nivel y de diferentes puntos del país, realizó una profunda labor de análisis para renovar la Ley, lo que culminó en un documento de 186 artículos. La Comisión fue coordinada por Carlos Hernández y tuvo como miembros a Fernando Blanco Muiño, Gabriel Stiglitz, Belén Japaze, Sebastián Picasso, Javier Wajntraub, Leonardo Lepíscopo, Carlos Tambussi, Maria Eugenia D'Archivio, Roberto Vázquez Ferreyra, Cosimo Gonzalo Sozzo y Federico Ossola.

Voces en contra

Desde la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) salieron al cruce de la reforma, presentada en agosto de este año al Congreso.

“Es un proyecto que no representa a la realidad de los consumidores y que evita la opinión de asociaciones, colegios profesionales, sustituyéndolo por una pretendida roda de consultas. Empuja al Derecho del Consumidor al derecho privado y le priva la protección del débil jurídico en la relación de consumo, situación que es lo normal en cualquier parte del mundo”, advierte el referente Osvaldo Bassano.

Advierte que “cada artículo muestra un alejamiento constante de las personas, de sus derechos ante la modernidad” y “deja al consumidor a expensas del mercado, de los abusos diarios, y evita que puedan ser defendidos en forma colectiva, escondiendo la realidad, se deben mejorar las ganancias de las empresas a costa de los patrimonios de los consumidores”.

“Este proyecto, deroga la única valla de contención que le queda a las corporaciones y la diluye en un proyecto edulcorado de principios incumplibles y sin operatividad, regresando a la situación jurídica antes de 1993 o peor. Su articulado carece de los elementos sancionatorios que el consumidor merece y es totalmente permisivo y benévolo con los abusadores seriales de consumidores. El resultado es empujar al consumidor al derecho privado para que se atienda por si solo de lo que no puede por su debilidad jurídica y el poderío de las corporaciones”, alerta Bassano, al tiempo que consideró que “la falta de consulta, el secreto y el ocultamiento del proyecto, sus redactores, hace del mismo un llamado de atención y la necesidad de un cambio”.