Avanza el debate por la regulación del lobby

AIM en comisiones.- La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunió este lunes para avanzar en el tratamiento de dos proyectos de ley que regulan la Gestión de Intereses, uno impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca controlar el lobby ante los tres órganos de gobierno. Por el otro, los asesores debatieron la iniciativa de la diputada Graciela Camaño (UNA – Buenos Aires), que sólo apunta al ámbito del Poder Ejecutivo, supo AIM.  

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En la reunión a la que asistió AI, estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo para defender la iniciativa del Gobierno nacional y destacaron que el Congreso es la «caja de resonancia» de la gestión de intereses, por ello debe estar incluido en el alcance de la ley.

Los funcionarios explicaron que actualmente en el Poder Ejecutivo hay un registro único de audiencias y que, al momento, no existieron sanciones por incumplimiento.  Además, adelantaron que se están creando agencias de información pública para cada órgano de gobierno.

Algunos asesores cuestionaron la unilateralidad de las sanciones en caso de incumplimiento. Ante ello, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que tomaron el modelo del decreto 1172/03 porque su objetivo es fomentar la participación ciudadana. Es por ello que la obligación de publicar las audiencias está “en cabeza del funcionario”, según informaron.

Otros asesores preguntaron cómo funcionaría la Ley en el caso de la contratación pública de bienes y servicios. La respuesta fue que no está pensado en el supuesto de que alguien pida que se inicie una licitación, sino, por ejemplo, ante una visita de un oferente antes del cierre de las ofertas o de determinado sector antes de la apertura de una licitación para solicitar cambios legislativos que lo beneficien.

Durante la reunión, se logró un consenso generalizado respecto a que los asesores de legisladores queden por fuera del registro. Mientras que no corrió la misma suerte la idea de algunos asesores de que se agreguen las comunicaciones a través de aplicaciones como Telegram o WhatsApp al ámbito de aplicación de la ley.

Algunos asesores advirtieron que la dinámica del Poder Legislativo no es equivalente a la de la Administración. Mientras que el Ejecutivo debe representar el interés público, los legisladores representan variados intereses, por lo que no deberían estar obligados a escuchar a todas las partes.

Los funcionarios respondieron que la cuestión podría quedar saldada en la reglamentación de la autoridad de aplicación, pero que, en su consideración, los legisladores deberían estar obligados a recibir a ambas partes.

Los asesores insistieron en que no se puede equiparar a un legislador nacional con un funcionario público. En tanto, indicaron que las iniciativas continuarán en comisión, y se consultará a la Presidencia cómo continuar el tratamiento de los respectivos proyectos.