Sábado a la mañana. Había una fila de gente, con sus mascotas, cuando llegaron los funcionarios judiciales y la policía para investigar el lugar. Habían recibido la denuncia de que ahí, en Castro Barros al 600, Ciudad de Buenos Aires, castraban animales sin autorización. Y lo confirmaron: los veterinarios truchos eran seis y fueron imputados por usurpación de título y por actos de crueldad animal.
Todo lo informaron desde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental. Dijeron que en ese lugar, de Almagro, "una organización llevaba a cabo castraciones a animales en forma ilegal, sin contar con la autorización por parte del órgano de fiscalización y control, como así tampoco respecto del lugar donde se llevaban a cabo estas prácticas ilegales".
La Ufema indicó que recibió una denuncia el 11 de abril del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios: apuntaba la "Organización Love Animals", que "fomentaba por la web y otros medios, la castración masiva de animales en un aparente centro de jubilados". Y fueron.
"Se identificó a seis personas que llevaban adelante la actividad delictiva, quienes en ningún caso resultaron ser médicos veterinarios matriculados y con título habilitante", indicaron las fuentes. Además, secuestraron "gran cantidad de medicamentos veterinarios, agujas e inyecciones e instrumental quirúrgico" y "oculto en bolsas negras gran cantidad de residuos patogénicos derivados de las prácticas ilegales a los animales".
Asimismo, las personas responsables de las maniobras tampoco exhibieron algún tipo de habilitación y/ò permiso expedido por el gcba y/o algún organismo competente para llevar a cabo esas practicas e intervenciones a los animales, según las mismas fuentes.
Agregaron: "Las seis personas, todas mayores de edad y de distinto sexo, algunas de los cuales lucían los delantales para prácticas quirúrgicas" fueron imputadas por los delitos de usurpación de título y honores (art. 247 del Código Penal) y por actos de crueldad animal (art. 3 inciso 7 de la Ley 14346).
"La muestra de la clandestinidad absoluta es que los imputados, al no tener ningún tipo de certificado habilitante, no entregaban ninguna constancia que acreditara dicha práctica, que son de riesgo para los animales por tratarse de actos quirúrgicos invasivos”, dijo, por su parte, el fiscal Gonzalo Viña. "Ponían en riesgo a todos", concluyó.
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