Por Miguela Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Luego de ser debatido, el Parlamento cubano aprobó el anteproyecto de reforma constitucional. El mismo será sometido a consulta popular y, por último, será puesto a consideración nuevamente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Carta Magna que rige en la actualidad se redactó en 1976 y fue reformada parcialmente en 1978, 1992 y 2002. Si bien el original se basó en el modelo soviético, este proyecto propone un socialismo constitucional novedoso “a la cubana”. Estos cambios han acompañado a las transformaciones que ha vivido la isla en las diferentes etapas atravesadas por la Revolución, y esta no es la excepción.
El proyecto consta de un Preámbulo y de 224 artículos y la reforma propuesta abarca una transformación total debido a la profundidad de sus cambios en la mayoría de sus artículos, lo que desemboca en un instrumento nuevo. Si bien primero se dieron los cambios políticos y económicos bajo los Lineamientos de la Política Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 2011, es hora de plasmar estas transformaciones en términos constitucionales. Los cambios iniciales se basaron en fomentar el cuentapropismo (reconocido en la reforma de 1992) como parte de la economía cubana, e incentivando la inversión extranjera. Sumado a un mayor pragmatismo en su política exterior hacia Estados Unidos, especialmente durante la gestión de Obama. Para comprender esta nueva etapa, debemos considerar que quien lleva adelante este proceso es el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz Canel, parte de la generación política nacida post revolución.
¿Nuevo modelo o gatopardismo?
Son varias las innovaciones que propone esta reforma. En cuanto a la institucionalidad política se otorgará jerarquía constitucional a la Contraloría General de la República, creada en 2009, y al Consejo Electoral Nacional. También se creará el cargo de primer ministro, ya que actualmente es el Presidente el jefe del Consejo de Estado y de Ministros. Sobre el mismo tema, se propone limitar los mandatos presidenciales a un máximo de diez años y un tope de 60 años como edad máxima para acceder al cargo.
Sobre las cuestiones relativas a la política exterior se incorporan algunos principios ausentes en el texto de 1976, como el respeto al derecho internacional y a la multipolaridad entre los Estados; el repudio a toda forma de terrorismo, el rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, así como la democratización del ciberespacio y la condena de su uso para fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas.
Con respecto a las cuestiones económicas, se elimina el objetivo de la sociedad de “avance hacia el comunismo” inscrito en el artículo 5. El nuevo texto, en cambio, sólo menciona la palabra “socialismo”. En el mismo sentido, se reconoce el rol del mercado, pero siempre bajo un sistema que mantiene “como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”. Además, ratifica la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo cubano pero “con las debidas garantías”. Respecto a la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio.
El reconocimiento de la propiedad privada a nivel constitucional es el punto más álgido de la discusión en cuanto al futuro del modelo cubano. Son múltiples las especulaciones: si se vive una transición hacia una economía capitalista controlada fuertemente por el Partido, una especie de modelo chino, o si sólo se han institucionalizado los cambios de los últimos años, una especie de gatopardismo. Sin embargo, podemos observar que no se trata de un objetivo novedoso sino más bien de un estrategia de adecuación de la Revolución a los nuevos tiempos.
Es el nuevo presidente quien, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 2 de junio, expresó: “Desde hace varios años un grupo de compañeros fue encargado por el Buró Político de analizar el impacto que en el orden constitucional tienen los cambios que se han venido experimentando, de evaluar cuestiones que se requieren incorporar al texto constitucional, en virtud de nuestras experiencias en la construcción del socialismo, y de estudiar procesos constitucionales desarrollados en diversos países, así como de profundizar en aspectos de nuestra historia y tradición constitucional”. Sin embargo, podemos observar que se trata de un objetivo de la conducción anterior. Ya Raúl Castro lo había expresado en la Primera Conferencia Nacional del Partido del 28 de enero del 2012: “debemos dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo que constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario”.
Nuevos derechos
Si bien la Constitución cubana vigente, en su artículo 36, reconoce como matrimonio solamente “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”; la comunidad Lgbt aspira a su modificación. Los activistas tienen cada día más peso en la opinión pública y esperan aprovechar esta oportunidad para incluir sus demandas en el nuevo texto constitucional. Según lo que trascendió del nuevo plexo normativo, se reemplazaría la figura anterior por “unión entre dos personas”, sin la especificación de ningún género. En este contexto la diputada, hija del ex presidente Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro declaró: “Cuando sea el cambio constitucional podemos presentar todas estas propuestas”. Se trata de una de las abanderadas por la lucha de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, por lo que sus declaraciones generaron una amplia repercusión. La primera reacción negativa provino de parte de Instituciones religiosas tales como la Liga Evangélica de Cuba, las Convenciones Bautistas de Occidente y Oriente, la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios y la Iglesia Metodista en Cuba. Todas ellas plantearon, a través de un comunicado, que “el matrimonio es exclusivamente la unión de un hombre y una mujer” y que “la ideología de género no tiene relación alguna con nuestra cultura, nuestras luchas de independencia, ni con los líderes históricos de la Revolución. De igual manera, tampoco guarda ningún vínculo con los países comunistas, dígase la antigua Unión Soviética, China, Vietnam y menos aún Corea del Norte”.
Sin embargo, varios parlamentarios se manifestaron a favor de la modificación constitucional para ampliar derechos, a pesar de la mirada conservadora de dichas Instituciones. Pero no todo es rechazo en el ámbito religioso. Por su parte, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que se caracteriza por una mirada heterodoxa manifestó: “A nuestros hermanas, hermanos con identidades sexuales y de género no heteronormativas, gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, queer, a las personas heterosexuales que defienden estas causas, a las familias diversas, a quienes han perdido la fe por causa de teologías medievales, queremos decirles: ¡Dios existe y les ama! Es poliamoroso y radicalmente inclusivo”.