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Dayub: “La Ley del INT no es para los teatreros, es para la sociedad argentina”

Gerardo Dayub, actor y director local, dijo a AIM que el recorte al Instituto Nacional del Teatro (INT), contemplado en el proyecto de Presupuesto 2019 “hace impracticable” el ejercicio de la Ley (24.800) que ampara la actividad teatral en todo el país. Asimismo, habló de las irregularidades que se producen dentro del organismo, donde las autoridades ejecutivas toman medidas sin el aval del máximo consejo directivo. “Nosotros queremos que se cumpla la Ley, porque no es para los teatreros, sino para la gente”, destacó.

"Sin Ley no hay teatro", la frase con la que la comunidad teatral reclama lo que es suyo.

—¿De dónde provienen los recursos que maneja el INT?

—Hay que tener presente algo que es clave: Los recursos del INT no los pone el Estado nacional. Son genuinos y se sacan del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Es plata del propio recupero que hacen los actores a través del cine, la televisión, etc. Es el 10 por ciento del total de sumas recaudadas de gravámenes hechos por la (Enacom) y el uno por ciento de los premios de la Lotería Nacional. O sea que estos recursos no salen del Estado, que es el que nos está sacando lo que nosotros generamos con nuestro trabajo. En este sentido, la Ley establece que somos un ente autárquico en la administración, algo que no hemos conseguido ejercer en la práctica real. A nosotros, lo que nos interesa, es que se cumpla con la Ley, algo que no se ha respetado en su manejo interno para el beneficio de la sociedad.

—¿Cómo afecta entonces la quita que hace el gobierno de estos recursos?

—El Presupuesto para 2019 prevé se recorto en un 50 por ciento, ya que el recorte del 12 por ciento nominal de la partida especifica de subsidios, sumado a la inflación (estimada en un 40 por ciento del 2018), determina un recorte de la mitad de los recursos, lo que hace impracticable la Ley. Y eso que no le estamos sumando lo q se adeuda de 2017 y 2018  a los grupos de teatro q ya pagaron con sus bolsillos. La Ley no es para los teatreros, es para el pueblo argentino. Porque nosotros somos intermediarios. Es esta Ley la que permite que haya teatros en todo el país, que la gente pueda acceder a espectáculos de primer nivel sin pagar, o pagando poco. Es un vaciamiento, como en otras reparticiones. Y estamos reaccionando contra esto. Lo bueno, es que conseguimos una resolución de algunos diputados nacionales que van a comprometer al resto para pedir explicaciones al Poder Ejecutivo de por qué se ha procedido de esta manera. Porque creemos que esto se resuelve políticamente.

—¿Qué está pasando con el INT a nivel institucional?

—El problema es que Marcelo Alasino, director del instituto, presentó este presupuesto de forma unilateral, por su cuenta, sin haberlo consultado con el consejo directivo como expresamente dice la Ley. El Instituto Nacional del Teatro (INT) es un cuerpo colegiado, organizado con alrededor de 10 o 12 consejeros, y donde se toman de forma conjunta las decisiones. Las cosas se resuelven en un debate, y el instituto es muy federal en cuanto a su organización. Nadie puede tomar una decisión a nivel personal. Cada región tiene intereses y necesidades concretamente distintas. Y todo esto se debate.

—¿Los problemas son de ahora?

—Ya los había en el manejo del organismo. El consejo venía ya funcionando con quejas de parte de los consejeros por quienes no se presentaban a participar en las reuniones. Tanto el director ejecutivo, puesto por el gobierno nacional, como el delegado de la secretaría de cultura de la jurisdicción correspondiente a cada región, no se presentaban. Entonces había problemas internos. El director ejecutivo quería hacer su política sin respetar a los consejeros, que son los que expresan la voluntad de los actores y teatristas del país.

—¿Qué hizo entonces el consejo directivo?

—Sacó una resolución, hace alrededor de dos meses, donde decía que la situación era insostenible. Y a partir de ese momento ocurrieron varias cosas, como la decisión de Alasino de cesantear al secretario general del INT, el actor Miguel Palma. Alasino no puede echar a nadie, sino que el que toma esa decisión es el consejo directivo. Otra vez, se tomó una medida de forma unilateral sin, como dice la ley, que ésta haya pasado por el cuerpo colegiado del INT. Como dice la Ley, hay que pedirle al secretario de Cultura que intervenga para ver qué se va a hacer. O Alasino se debe ajustar a derecho, o se lo debe reemplazar. No puede haber una persona que no responda, en su procedimiento, al marco legal.

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