El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ presentó un nuevo proyecto de ley al Congreso para congelar tarifas. La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, suspende los aumentos de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas, a partir del 1 de enero de 2019 retrotrayendo las tarifas al 31 de diciembre de 2018.
Con el proyecto, también se prohíben nuevos aumentos por el plazo de un año a partir de la sanción de la ley y se establece que los futuros incrementos, de los años subsiguientes, no podrán exceder el promedio del Coeficiente de Variación Salarial del año calendario inmediato anterior, a fin de garantizar tarifas justas y accesibles, supo AIM.
La iniciativa da continuidad a la propuesta ya presentada en materia tarifaria a comienzos de 2018. Ésta, junto con otras, resultó en la sanción de la Ley 27.443 que fue vetada en su totalidad mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
Asimismo, respecto a las garrafas de GLP, se propone derogar la resolución 15/2019 que dispuso el aumento del precio de la garrafa a partir del 1 de febrero de este año, y se prohíben los aumentos de dichos precios de referencia durante 2019, plazo hasta el cual se encuentra vigente la emergencia social (Ley 27.345).
Según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), durante el período diciembre de 2015 - diciembre de 2018, las tarifas de la energía eléctrica se incrementaron un 2.303 por ciento para el consumo T1 - R1. En lo que hace a la tarifa de gas (R2 - 1, 500m3), el alza fue de 1.752 por ciento, en tanto que, en el caso del agua, el aumento acumulado en el mismo período (para el caso de usuarios residenciales no medidos) fue de 655, afectando en particular a las zonas de bajos ingresos.
Si se consideran asimismo los aumentos en el transporte (que en igual período alcanzaron un 401 por ciento en el caso del tren, 329 en el colectivo y 222 por ciento en el subte), siguiendo siempre los datos de la Undav, la incidencia actual del gasto en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte ha crecido de forma significativa, pasando del 6,3 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil a fines de 2015 a más del 23,5 en la actualidad, superando los registros de países como Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.