Al cabo de un debate de 15 horas, el Frente de Todos logró sortear con éxito su primera prueba de fuego en el Congreso y aprobó en general, con 134 votos afirmativos y 110 negativos, el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández que declara nueve emergencias y suspende por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria. Ahora sigue el debate de los artículos en particular. Luego, en horas de la tarde, se tratará en el Senado.
El oficialismo consiguió avalar la iniciativa gracias al apoyo de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. Los rechazos fueron de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, bloques que tampoco aportaron al quórum, que se logró con el número justo de 129.
El debate estuvo plagado de acusaciones cruzadas sobre las herencias recibidas. El Frente de Todos intentó justificar, con numerosos indicadores económicos, la necesidad de declarar la emergencia pública, mientras que Juntos por el Cambio cuestionó en sucesivos discursos la amplia delegación de facultades que dispone el proyecto.
Con Sergio Massa y Máximo Kirchner a la cabeza, el oficialismo negoció a lo largo de la jornada con las bancadas de Bucca y Ramón, con intervención de parte de la Mesa de Enlace y del propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien se hizo presente en el Congreso para participar de las conversaciones.
Los discursos se cerraron a las 6:30 del viernes con las palabras de Máximo Kirchner, quien tras los discursos de la oposición aseveró: “Parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido. Que nadie hubiera gobernado”. “¿Saben lo que es un superpoder? Pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos”, aseguró el hijo de la vicepresidenta, aplaudido en varios pasajes.
En tanto, Mario Negri, de Juntos por el Cambio, consideró que “no existen extremos parecidos al 2002, ni siquiera por los números negativos con que terminó nuestro gobierno, para semejante proyecto, con once delegaciones de facultades”.
“Se está haciendo un ajuste por vía del ingreso. Han elegido tres sectores: jubilados, clase media y campo. El país tiene dos motores: la producción de alimentos y la energía. El campo y Vaca Muerta. Si no se reconoce esto, no habrá futuro”, sentenció Negri.
Minutos antes, “Bali” Bucca advirtió: “La situación en Argentina es dramática. Vivimos una crisis social y económica. No hay tiempo para mezquindades. Les pido a todos los diputados eliminar la grieta. ¿Cuántas generaciones más se llevarán puesta la grieta?”.
El jefe del Interbloque Federal se dirigió a las bancas de Juntos por el Cambio: “Basta de arrogarse el porcentaje de representación con los votos que sacaron. Empecemos a representar a todos los argentinos desde este Congreso”.
Cambios y puntos principales
El proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Uno de los artículos más discutidos fue el que suspende por 180 la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.
Además, se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. Gracias a un cambio propuesto por el Interbloque Federal, la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso.
Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán vigentes los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado Pais (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70 por ciento será destinado a la seguridad social y el 30 por ciento a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto Pais las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.
En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33 por ciento para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15 por ciento para el maíz y un cinco por ciento para las economías regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el ocho por ciento.
Otro aspecto relevante es que el 67 por ciento de esos incrementos será destinado a la Anses, mientras que un tres por ciento será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del Enre y el Enargas, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.