La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó en Plaza de Mayo su Informe Anual 2018 con datos que revelan el salto represivo de la gestión de Cambiemos, con un triste récord desde el retorno de la democracia de una persona muerta cada 21 horas en manos de las fuerzas de seguridad.
Así lo dio a conocer la abogada y referente de Correpi, María del Carmen Verdú, en un acto en el que participaron familiares de víctimas de gatillo fácil y referentes de Derechos Humanos como Norita Cortiñas. También estuvo presente Sergio Maldonado, hermano de Santiago.
En el informe se da cuenta de que frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo ya había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente. Sin embargo, en 2018 esa cifra se elevó a un muerto cada 21 horas.
"Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia", indican desde Correpi.
Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. Esto implica que en los primeros tres años de gobierno, se produjeron el 20 por ciento del total de las muertes ocurridas desde diciembre de 1983. 1303 personas asesinadas por la represión estatal en 1159 días de Gobierno.
"Nos están matando casi un pibe o una piba y medio por dia. He aquí la revolución de la alegría", ironizan desde Correpi.
Además, al hacer referencia a las fuerzas de seguridad informan que "la Policía de la Ciudad mató 43 personas en 26 meses. Más de dos personas por mes. Otro gran éxito de Cambiemos" y recuerdan la intervención de Gendarmería y Prefectura en 2017, en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la patagonia argentina.
El informe también da cuenta de que las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son las muertes de personas detenidas (46,8 por ciento) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3 por ciento), lo que implica que "más del 85 por ciento del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio".
En tanto, la casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones.