El Gobierno avanzará en los próximos días con un primer aumento en las tarifas de energía eléctrica que pondrá fin a un congelamiento de dos años en las boletas de servicios públicos. El incremento previsto sería del nueve por ciento a partir de este mes, con perspectiva de un segundo aumento en los próximos meses, que completaría una suba global de 15 por ciento para este año.

Así lo dejó saber este viernes el Ministerio de Economía, del que depende la secretaría de Energía, tras la polémica por la salida del subsecretario de Energía Federico Basualdo. De esta manera, el aumento adelantado por el Palacio de Hacienda se contrapone con la idea que sostenía el funcionario cuestionado y, detrás de él, el ala cristinista del Frente de Todos, que pretendía un único ajuste de tarifas de ocho por ciento a lo largo de 2021.

La suba de tarifas de la energía eléctrica no tendrá finalmente un esquema de segmentación que permita al Estado discriminar qué incremento establecer de acuerdo al poder adquisitivo del usuario. Fue uno de los pedidos que hizo el presidente Alberto Fernández al comienzo de su gestión. Cerca del secretario Darío Martínez afirmaron ante este medio que, tanto para la luz como el gas, no hubo avances en ese mecanismo.

El proceso de deshielo de las tarifas comenzó formalmente a fines del año pasado, con las convocatorias a las empresas para discutir los futuros aumentos y los llamados a audiencias públicas, un paso requerido para llevar adelante un reajuste en los servicios públicos.

La idea que blanqueó en diciembre pasado el Poder Ejecutivo fue la de implementar una tarifa “de transición” hasta que se pueda rediscutir de forma integral el cuadro tarifario actual, sancionado durante la presidencia de Mauricio Macri.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Gobierno facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. Es decir, se facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.

La pandemia forzó al Gobierno nacional a continuar con el congelamiento, pero además estableció la prohibición de que las empresas distribuidoras corten el servicio a determinados usuarios que hubieran acumulado deudas durante los meses de aislamiento social.