Martín Guzmán piensa ponerse al día en poco tiempo con requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía completará uno de los últimos compromisos firmados con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, y presentará en sociedad el flamante Presupuesto 2022 alternativo. Esto es, las líneas de ingresos, gastos y movimientos administrativos del 2021, pero aggiornados lo máximo posible al ejercicio actual.
Sabe Guzmán que este ejercicio contable tiene que estar terminado, como mínimo, contemporáneamente a que el board del FMI se reúna para tratar el caso argentino y termine de aprobar el próximo 24 el primer examen del país dentro del Facilidades Extendidas, correspondiente al período enero-marzo 2022, que fue trabajado de manera virtual entre los técnicos del organismo y los del Palacio de Hacienda.
Se sabe que no habrá problemas para esta tilde verde, y que la máxima autoridad administrativa del Fondo dio el guiño incluso para los primeros pasos de la próxima misión que debe controlar y fiscalizar el segundo trimestre del año. Sin embargo, sabe Guzmán, que para esta segunda tanda de controles vinculadas a la segunda misión del FMI (programada tal como adelantó este diario para julio o agosto, no más allá), tendrá que tener publicado en el Boletín Oficial el presupuesto alternativo para este año.
A esta altura es una formalidad, y se descarta que su contenido finalmente tampoco podrá cumplirse. Pero a los ojos técnicos y conservadores de los hombres y mujeres del FMI, resulta imprescindible para seguir adelante. El presupuesto en cuestión es el mismo del 2021; el que con nuevos datos macroeconómicos será prorrogado por decreto, como complemento del 882/21, firmado por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el propio Guzmán, y que el 23 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial; y donde se indicaba que “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2021, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley (Ley de Administración Financiera), por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.
Lo más importante en este acto administrativo será, seguramente, corregir la meta anual de inflación, ubicándola en algún porcentaje más realista que el 33 por ciento que se presentaba en el proyecto de Presupuesto que fue rechazado en el Congreso a comienzos de año, y el 48 por ciento que figuraba en el acuerdo con el FMI. Tendrá que ser prudente Guzmán al conectar con el papel su nueva proyección. Si acepta el reclamo del FMI de una inflación de 70 por ciento, pondrá en alerta máxima a todo el sindicalismo criollo que cerró, por su recomendación, paritarias cercanas al 60 por ciento de incremento anual.
Sin embargo, desde el otro costado del análisis, si incluyera una inflación algo menor al 60 por ciento; correría el riesgo de volver a convertir a su criatura presupuestaria en una proyección nuevamente poco creíble. Por ahora la estrategia oficial es la de autorizar gastos y erogaciones de funcionamiento del Ejecutivo, a través de decisiones administrativas que habilitan el giro de dinero necesario para que funcione el sector público nacional. La última de estas Decisiones Administrativa fue la firmada por Guzmán y Manzur el 1 de junio pasado y que lleva el número de 549. Por esa disposición se habilitaron gastos extras por $73.658 millones para diferentes reparticiones de la administración pública, y por fuera de las actualizaciones heredadas del 2021.
Fuente: Ámbito