Uno de los interrogantes que dejaron las declaraciones de Alberto Fernández durante su campaña electoral es si el nuevo Gobierno mantendrá la actual fórmula de movilidad, la cual implicaría un aumento del 11,56 por ciento de las jubilaciones para marzo 2020.
Además, la Corte Suprema deberá pronunciarse respecto a si la aplicación retroactiva de la formula de movilidad es inconstitucional, según el fallo de la Sala III de la Camara de la Seguridad (caso Miguel Fernández Pastor), y si su vigencia también lo es porque perjudicó a los jubilados, como reclama el demandante Fernández Pastor.
Una variante que impulsa el ex Ministro de Trabajo Carlos Tomada es reemplazar la actual fórmula por otra que tome en cuenta, alternativamente, la evolución de la inflación (IPC del Indec) y el Ripte (salarios de los trabajadores formales). De ambos índices prevalecerá el que sea más favorable a los jubilados, con la condición de que el Ripte sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. Si no cumple ese requisito, los haberes se ajustarían por la inflación.
La propuesta también modificaría los plazos para cobrar los aumentos: en lugar que la movilidad se aplique cada tres meses con un rezago de seis meses, se mantendría la suba trimestral pero en función de la variación del IPC o Ripte de los dos meses anteriores.
En ese caso, en el primer aumento el empalme de ambas fórmulas deberá sumar el ajuste de la anterior fórmula y el primero de la nueva fórmula.
Mientras tanto, el nuevo incremento de las prestaciones que debería aplicarse en marzo –y que se conoce con más cuatro meses de anticipación– surge en un 30 por ciento de la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y del 70 por ciento de la inflación entre julio y septiembre pasados, según la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, con retroactividad a septiembre de 2017.
Con el incremento del 8,74 por ciento en diciembre la jubilación mínima alcanzará los 14.068 pesos. Y en marzo a 15.694 pesos. En tanto, las pensiones no contributivas se reducen al 70 por ciento del haber mínimo y la Puam (Pensión Universal al Adulto Mayor) al 80 por ciento de esos valores.
A su vez, la AUH (Asignación Universal por hijo), que en marzo tuvo un adelanto para todo 2019 del 46 por ciento, debería recibir en diciembre la diferencia entre el 51,1 por ciento y el 46 por ciento adelantado.
En estos cuatro años, con la anterior y la nueva fórmula de movilidad, la evolución real de las prestaciones fue la siguiente:
En 2016, con una inflación del 40,7, bajo la fórmula anterior, los haberes subieron el 31,7 por ciento: 10 puntos menos.
En 2017, la movilidad arrojó un 28,5 por ciento contra una inflación del 24,8 por ciento; una mejora de 3,7 puntos.
En 2018, ya con la nueva fórmula, la suba de los precios ascendió al 47,6 por ciento, y los haberes aumentaron el 28,5 por ciento: un retroceso de 19,1 puntos.
En 2019, de punta a punta, los haberes subirán el 51,1 por ciento, con una inflación estimada de 55,6 por ciento, según consultoras y entidades privadas, que elevan sus pronósticos al Banco Central. Sería un retroceso de 4,5 puntos.
En resumen: a fin de 2019, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán una caída en términos reales del poco más del 20 por ciento con relación a fines de 2015.
El resultado real del 11,56 por ciento de marzo dependerá de que pase con los precios en el primer trimestre del año próximo.