El derecho a la educación superior

En el marco de los 100 años de la Reforma Universitaria, diputados nacionales de distintos bloques de la oposición, junto a estudiantes, docentes y científicos firmaron un documento en repudio a las políticas del Gobierno para la educación superior y exigieron que el Estado tenga un rol activo en el sector para garantizar el desarrollo del país, supo AIM. Recrudece la disputa por la privatización del aprendizaje y la enseñanza pública.

Diputados piden por el derecho a la educación superior

Se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria y la crisis suscitada por las políticas de Cambiemos en educación renardece. Por ello, diputados de distintos bloques de la oposición, entre los que se encuentran el FPV, Frente Renovador, Movimiento Evita, Libres del Sur y Nuevo Espacio Santafesino- firmaron e impulsaron un documento titulado: “A 100 años de la Reforma Universitaria. Compromiso por el derecho a la educación superior”. La iniciativa fue acompañada por estudiantes, docentes, rectores, científicos y gremialistas.

El documento se presentó en un encuentro abierto donde participaron distintos actores de la comunidad educativa, quienes además de expresar su rechazo a las políticas del Gobierno para el sector, coincidieron en remarcar la importancia de las universidades públicas, el derecho a la educación superior y la necesidad de que el Estado tenga un rol activo en el sector para garantizar el desarrollo del país.

Antecedentes

En una medida arbitraria, el ministerio de Educación modificó las incumbencias profesionales de varias carreras universitarias que son consideradas de “interés público”.

Tras una modificación publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno redujo las incumbencias profesionales de varias carreras. Ahora, las mismas podrían tener menos peso en el ámbito académico y generaría una reducción de actividades para los graduados.

Con esta modificación, cuando un graduado busque laburo, le dirán que no le alcanza con su título y tendrá que recurrir a un posgrado pago. Que hasta ahora estaba incluido en la educación pública.

Esto limitaría las atribuciones de las carreras públicas, lo que significaría la reducción de actividades que podrían ejercer los graduados de algunas carreras.

La Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, determinó la figura de “carreras de interés público”, pero ahora mediante la reciente resolución 1254/2018 publicado en el Boletín Oficial, el ministerio que conduce Alejandro Finocchiaro determinó los “alcances” del título universitario, modificando varias resoluciones previas.

De esta forma se redujo las actividades profesionales que pueden ejercer los graduados.

Las carreras más afectadas serían Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Psicología, Odontología, Farmacia, Bioquímica, Veterinarias, Agronomía, Biología, Química, Geología, Computación.

De no discutirse la resolución que impuso el gobierno, el recorte a las incumbencias de los títulos afectará a miles de estudiantes graduados, quienes se verán obligados a cursar posgrados para poder “competir” con el nivel exigido.

Por su parte, la medida también favorecería a los títulos profesionales de universidades privadas.

Mejor educación privada

Federico Schuster y Alejandro Piqué son docentes de la UBA y expresaron que para el modelo de Cambiemos la educación buena es la privada y se supone que toda familia querría que sus hijos se educasen allí. Como no todos pueden, existe la educación pública, cuya función es compensatoria. Respecto de la educación superior, es pensada para una élite, que debería pagarla, descargando al fisco del gasto respectivo y así al conjunto de la población que nunca habrá de llegar a ella. Se trata, sin dudas, de una idea de sociedad formada por un núcleo minoritario de individuos emprendedores “exitosos” y una mayoría de sujetos subordinados al rumbo que tales exitosos sepan darle al país. No hay idea alguna de derechos universales, de bienes comunes, de destinos o construcciones colectivas. No la hay tampoco de un país cuya riqueza se base en el conocimiento científico tecnológico y requiera, así, muchos trabajadores altamente calificados y formados. No se considera, así, valioso aspirar a un modelo económico con salarios altos; pero tampoco interesan (más bien todo lo contrario) la formación de ciudadanos con capacidades críticas, como condición democrática, ni la producción y distribución amplias de la cultura, el arte y el pensamiento, como formas necesarias del enriquecimiento humano del conjunto de la sociedad. La creación de nuevas universidades fue un modo de buscar que más personas pudieran acceder a ese nivel educativo. Si defendemos a la educación como un derecho, buscaremos más formas de garantizarlo; no abandonaremos a su suerte a millones de personas. Que quede, por último, claro: a lo largo de la historia argentina, la educación pública (incluida la universidad) estuvo siempre del lado de los bienes sociales, nunca de los males. Esto, sin dejar de aceptar que resulta necesario repensar nuestro sistema educativo y nuestras prácticas pedagógicas y mejorarlas sustancialmente; pero destruir lo existente sería, por el contrario, un daño gravísimo, del cual ya hemos tenido antecedentes en las dictaduras del siglo XX y en los años 90.