El Gobierno de Bolivia destacó las políticas para reducir el trabajo infantil, a propósito del día mundial contra ese flagelo, declarado por la Organización Internacional del Trabajo.
El viceministro de Trabajo y Previsión Social, Héctor Andrés Hinojosa, declaró en conferencia de prensa que tras la aplicación desde 2006 del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo fueron erradicados algunos aspectos que generaban esa situación, como la reducción de la pobreza del 64 al 30 por ciento, y de la extrema pobreza del 34 al 15 por ciento.
Hinojosa precisó que el incremento salarial, el pago de los bonos (subsidios) Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad, unido a la tasa más baja de desempleo en América Latina, también favorecieron la reducción del trabajo infantil en la nación, cuya meta de erradicarlo totalmente apunta a 2025.
Asimismo, el presupuesto asignado a la educación, un nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es el segundo más alto en la región después de Cuba (12,8).
Destacó el funcionario que la deserción escolar que antes era del 4,4 por ciento, disminuyó al 1,5 por ciento, mientras que la mortalidad infantil decreció en un 50 por ciento, en relación con años anteriores.
Recordó que en 2008 había 746 mil niños trabajando en condiciones extremas en Bolivia y, en 2016, se identificaron 154 mil menores, una reducción del 80 por ciento.
Comentó que en el mundo existen 168 millones de niños que están en esa situación, incluso en países como Estados Unidos que cuestionan si Bolivia tiene o no trabajo infantil, con dos millones de menores de edad laborando, dijo la fuente.
Reconoció que el Gobierno no está satisfecho con los resultados actuales, y seguirá trabajando para generar políticas que permitan darles dignidad a los niños y adolescentes, como la aprobación este miércoles, por medio de una resolución, de un formulario de registro o autorización de trabajo para adolescentes de 14 a 16 años de edad en el país.
Destacó que el objetivo del documento es facilitar el seguimiento, observación e inspección de los lugares donde laboren menores de edad, autorizados por la defensoría y otras instancias involucradas.