La Cámara Alta aprobó con fuerza de Ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se dispone “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”, confirmó AIM. La iniciativa quedó a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación.
Sin el apoyo de la oposición, la Cámara Alta sancionó el texto que grava al sector financiero, farmacéutico y a productores con más de mil hectáreas; suspende el enganche de salarios de trabajadores judiciales y de entes descentralizados y autárquicos; y aumenta los aportes de trabajadores activos y jubilados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Precisamente, el texto aprobado establece hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por 180) la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la provincia, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado y la normal prestación de los servicios públicos”.
Mediante esta norma, el gobierno quiere “asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario”
En ese marco, busca “procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial” y “fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema”.
Para cumplir con las metas de la Ley, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a generar impuestos para los bancos, terratenientes de 1.000 hectáreas, farmacéuticas y, sobre todo, a congelar los regímenes especiales de trabajadores públicos, aumentar los aportes personales de trabajadores públicos a la Caja de Jubilaciones y poner en marcha un descuento a los haberes de jubilados provinciales que ganan más de 75000 pesos, para sustentar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.