En todo el debate "gradualismo versus shock", palabra esta última que deliberadamente se la caricaturizó con una inventada propuesta de despedir un millón de empleados públicos de un día para otro, se daba el ejemplo de lo que pasó con Ricardo López Murphy.
Se decía que si se aplicaba una baja fuerte del gasto público iba a pasar lo que ocurrió con López Murphy, que por querer bajar el gasto público en 3.000 millones de aquel momento (unos 3.000 millones de dólares) duró solo un par de semanas. De manera que esa alternativa de bajar el gasto público quedaba descartada.
Siempre sostuve que esa era la lectura justamente inversa a la correcta porque en 2001, por no hacerse lo que sugería López Murphy, luego vino el corralito, la renuncia de De la Rúa con cinco presidentes en una semana, el default, la pesificación asimétrica de los depósitos y créditos bancarios, una caída del PIB del 15 por ciento y un salto de la pobreza que llegó al 54 por ciento de la población. De manera que el costo de no hacer en su momento lo que sugería Ricardo López Murphy fue mayor a afrontar el costo de hacerlo y evitar una crisis económica, institucional y social.
Si bien hoy no hay riesgos de caer en una crisis al estilo 2001/2002, hay similitud en los hechos con lo ocurrido con López Murphy. En efecto, como decía antes, el ajuste del gasto público que proponía el citado economista era de 3.000 millones de pesos, que en dólares eran 3.000 millones. Como ese ajuste se propuso en 2001 hay que ajustarlo por inflación de EE.UU. y da, a dólares actuales, 4.740 millones de dólares.
¿Cuál es el ajuste que hay que hacer ahora? El gobierno se comprometió con el FMI a bajar el déficit fiscal primario de 2,7 por ciento del PIB este año hasta el 1,3 por ciento en 2019. Es decir, el año que viene habrá que hacer un ajuste del déficit de 1,4 por ciento del producto. Tomando el PIB estimado por el gobierno en 13.720.000 millones de pesos, el ajuste sería de 192.080 millones. Con un dólar actual de 30 pesos, el ajuste sería de 6.400 millones de dólares, un 35 por ciento mayor al ajuste que proponía RLM en 2001. Todos decían que no se podía hacer algo similar al 2001 porque estallaba todo, pero ahora se lo pretende hacer en el medio de un año electoral como es 2019. Luce poco probable que se encare esa baja del gasto.
Aparentemente, el gobierno estaría pensando en bajar el déficit reduciendo 0,6 puntos del PIB en obras públicas que pueden postergarse. Otro 0,4 por ciento se lograría aumentando las tarifas de los servicios públicos, y por lo tanto, reduciendo el rubro subsidios económicos. Finalmente, las transferencias a las provincias bajarían 0,3 puntos del PIB. El posible que el resto del déficit se baje vendiendo parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que es el dinero que teníamos ahorrados en las Afjp y el Estado confiscó.
No es que no crea que no se pueda llevar a cabo esta baja; me suena extraño que esa reducción del gasto se implemente justo en medio de un año electoral. Si hasta ahora no quisieron tocar el gasto público porque era políticamente inviable, ¿por qué lo van a hacer justo en medio de un año electoral?
En 2017, inflaron la actividad económica con mucha obra pública, un tipo de cambio planchado en $ 17 y abundante crédito interno para la compra de viviendas y bienes de consumo durable. Eso expandió el consumo interno y le permitió al gobierno tener un excelente resultado electoral ganando en los distritos más grandes, electoralmente hablando, en las elecciones de medio término. El año que viene debería transitarlo con recesión o baja actividad.
Mientras tanto, el gobierno aparece confundido, sin un rumbo firme que le permita a la gente tener un horizonte. La apelación de Macri diciendo que le crean, que se va a cumplir con la meta fiscal, fue una declaración poco feliz. Un presidente, más que pedir que le crean, tiene que tomar medidas que hagan creíbles sus promesas.
También fueron confusas las declaraciones del jefe de Gabinete diciendo que iban a aplicar un impuesto a los gastos con tarjeta de crédito en el exterior y a los pasajes de avión, mientras Dujovne se encargaba de desmentir tales medidas. Esa descoordinación en el discurso genera más incertidumbre en los agentes económicos.
Poca ayuda presta Elisa Carrió con sus declaraciones. Salir a decir que la gente apague la televisión porque los medios hacen operaciones para complicar al gobierno, es manejar un discurso que mucha gente rechazó en la era K. Encima, propuso dar propinas como manera de reactivar la economía, como si lo que no gasta uno y se lo da a otro en propinas multiplicara mágicamente la demanda global. Hizo caer en el ridículo al gobierno, porque de la lluvia de inversiones pasó a la lluvia de propinas para reactivar la economía.
En síntesis, el gobierno se enfrenta al desafío de tener que hacer un ajuste fiscal en año electoral mayor al que propuso Ricardo López Murphy en 2001. Todo parece indicar que esa meta va a ser muy difícil de cumplir, y es muy probable que el FMI le otorgue un waiver a Argentina, por no cumplir con las metas pactadas.
En todo caso, el gobierno norteamericano preferirá financiar los errores de Macri a correr el riesgo de que vuelva el populismo autoritario del Kirchnerismo. Ya bastante problema tiene con Venezuela como para volver a aumentar los gobiernos populistas en América Latina, justo ahora que han disminuido notablemente.
Por Roberto Cachanosky, egresado de Economía por la Universidad Católica Argentina. Profesor titular de teoría macroeconómica en el máster de Economía y Administración de Empresas del Centro de Estudios y Capacitación Empresarial en la ciudad de Rosario y de economía aplicada en el máster de Economía y Administración del Instituto universitario.