En una  maratónica sesión que se extendió por 12 horas, la mayoría de Cambiemos en la Legislatura porteña logró un sinnúmero de leyes para una Buenos Aires represiva. El proyecto de ley que modifica Código Contravencional se sancionó ayer, ratificando el avance más profundo contra la libertades individuales, ya que cualquier persona podría ir preso en caso de ser considerado “delito”, advirtió a AIM el referente de la CTA, Omar Guaraz. La venta callejera, protestas en la calle, opiniones, utilización de redes sociales pueden ser motivos de denuncia.

En diálogo con esta Agencia, el dirigente expresó que, por esta modificación, se busca “poner presos contraventores”. En ese sentido, en la sesión de ayer en la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se alzó con la reforma del Código, donde se equipara la contravención con un delito.

En tanto, “no solo la venta callejera será afectada (en todas sus variantes) sino la protesta, la libertad de opinión e incluso la figura «hostigamiento» podrá ser utilizada en formas inimaginables como para la libertad de prensa”, especificó el referente de la CTA.

“Se trata del avance más profundo de cambiemos contra la libertades individuales, ya que cualquier acto será tratado como un delito y una persona podrá ir hasta 48 horas preso”, dijo y aclaró: “este tema no solo involucra a los vendedores, ya que la figura de la contravención también abarca una manifestación”.

Bajo la figura de contravención, Larreta “crea su propio código penal avanzando contra la economía informal que crece a diario y contra la libertad de prensa. La figura de hostigamiento es laxa, por lo que cualquier persona que utiliza redes o emite opinión va a caer en una denuncia de un juez, quien puede ordenar su detención”, lamentó a AIM el representante de los Vendedores Ambulantes.

Qué es el Código Contravencional

Con este proyecto, “todos los trabajadores informales en la Ciudad (Vendedores ambulantes, Manteros, Limpiavidrios, trapitos, cuida coches, músicos y artistas callejeros, trabajadoras sexuales, entre otros) que en épocas de ajuste y un plan de gobierno que expulsa centenares de miles de personas del sistema laboral y que se suman a la informalidad como recurso de supervivencia, quedan en condiciones de ser privados de su libertad a voluntad de un fiscal contravencional”, explicó Guaraz a AIM.

Con la reforma Contravencional, “se podrá detener contraventores a criterio de los fiscales”, por lo que “nuestra libertad individual está condicionada a los intereses y la voluntad del jefe de Gobierno que por intermedio de fiscales (y los jueces del fuero) utilizan la Justicia para legitimar la ilegalidad de un Estado terrorista”, sentenció.

La reforma “habilita la persecución de opiniones y la libre expresión de ciudadanos en redes sociales, con la laxa figura de intimidación u hostigamiento. Cualquier funcionario público o fiscal puede alegar esta figura y encarcelarnos por una opinión crítica”, especificó.

“Con esta figura en épocas de creciente conflictividad social y por ende de reclamos que se desarrollan en su totalidad en la ciudad, cualquier funcionario puede alegar sentirse hostigado o intimidado en alguna marcha o manifestación o cualquier escenario y un fiscal actuar ordenando la detención”, agregó a AIM.

Asimismo, añadió: “Si una nota de opinión en una red social, critica al gobierno actual o un funcionario, o en una manifestación como mencionamos, si somos parte de una organización política o social, se considera un agravante y la pena se duplica”.

Con la sanción de la norma,  “la propaganda política, afiches, Pintadas, sin autorización expresa (no hay) todos quedan en calidad de ser detenidos y sus organizadores con penas de cárcel duplicadas como agravante”.

En ese sentido, “la libertad política de expresar y promocionar mediante afiches sus propuestas y difundir ideas constituye una contravención y nuestra libertad a merced del criterio de una Fiscal”.