Después de la intervención de Greenpeace en La Rural, la ministra de Seguridad denunció a la ONG por "intimidación pública". Los ambientalistas reclaman el cese del desmonte, y denuncian el riesgo que implica ampliar zonas a la ganadería en detrimento de los bosques.

"Ganaderos: basta de desmonte" y "Destruir bosques es un crimen". Esas fueron las frases elegidas por Greenpeace para denunciar, en la apertura de la Exposición de la Sociedad Rural, que la expansión descontrolada de la ganadería en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa está destruyendo los bosques nativos y poniendo en riesgo la supervivencia de una especie animal que ya se encuentra en peligro de extinción: el yaguareté del Gran Chaco. La intervención de Greenpeace derivó en una denuncia penal por “intimidación pública” iniciada por Patricia Bullrich. “Fue una protesta pacífica -dijo a Página|12 Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques, de Greenpeace-. Y, sobre todo, no se cometió ningún delito penal. Es preocupante que una ministra quiera cercenar el derecho constitucional a la protesta que tenemos todos los ciudadanos”.

Este sábado, mientras el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, daba inicio la Exposición, dos carteles amarillos se fueron desplegando suavemente desde unos soportes con forma de rodillo montados en los parlantes del palco oficial. Según estimó un grupo de socios de La Rural, los soportes fueron colocados el 26 de julio, dos días después de la apertura de la exposición y dos días antes de la intervención de los veganos.

Greenpeace, como era de esperar, no dio detalles de la intervención porque su intención es “repetir este tipo de actividades”. Según explicó a Página|12 Giardini, “fue algo planificado. Buscamos que ningún activista corra peligro y minimizar riesgos de los presentes. Fue una actividad pacífica que buscó ser creativa, generar impacto”.

Patricia Bullrich, que horas antes había aplaudido el desmesurado despliegue del aparato de seguridad e inteligencia del Estado que llevó adelante para proteger al presidente Mauricio Macri durante su estadía en La Rural, quedó nuevamente en ridículo. Lejos de cualquier autocrítica, el Ministerio de Seguridad que dirige apuntó contra los organizadores del evento y denunció a la ONG por el supuesto delito de “intimidación pública”. “El gobierno quiere correr el eje de la discusión: hablar de dos carteles que supuestamente pusieron en riesgo la seguridad y no de los bosques”, consideró Giardini.

"Fue una actividad pacífica"

Y continuó: “Nosotros no hicimos una actividad para burlar los sistemas de seguridad del gobierno sino para difundir un mensaje que impacte. Si en paralelo se genera esa interpretación es otra historia”. La protesta, aseguró el coordinador de Bosques, “fue pacífica. Sobre todo, no se cometió ningún delito penal. Es preocupante que una ministra quiera cercenar el derecho constitucional a la protesta que tenemos todos los ciudadanos. Nos preocupa que esto se extienda a otras protestas porque atenta contra los valores de la democracia”.

Tal como se propuso la ONG, la repercusión mediática que tuvo la intervención “fue tremenda. Nos permitió hablar de un tema que no se habla. Esperamos que esto se convierta en un tema de debate en las elecciones, aunque lo dudo. Ningún partido le da la seriedad que merece”, consideró. La repercusión política, en cambio, “fue muy distinta. Ni la Sociedad Rural ni el Gobierno Nacional salieron a decir cuál va a ser el plan respecto a los bosques. El único que salió a hablar fue el ministro Etchevehere, para decir que mentimos. Nosotros tomamos los números oficiales, él es el que los está interpretando mal”, agregó.

La intervención de este sábado acompañó el lanzamiento de una investigación que Greenpeace desarrolló durante más de un año: “El sacrificio de los bosques del Gran Chaco”. Según explica el informe, la Secretaría de Ambiente de Argentina estima que entre 1990 y 2017 se perdieron 7,7 millones de hectáreas de bosques, una superficie similar a la de Formosa. El 80 por ciento de esos desmontes, dice el informe, se concentran en la región chaqueña: “principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde los últimos cinco años la deforestación por ganadería intensiva fue más del doble que la provocada por agricultura”.

La intención de la actividad de este sábado, entonces, fue señalar tanto a la Sociedad Rural como al sector ganadero como “los principales responsables de la destrucción de bosques en Argentina”, explicó Giardini. “En Salta, incluso, la Sociedad Rural viene reclamando la derogación de la Ley de Bosques de 2007 y viene exigiendo que se habilite la posibilidad de desmontar 5 millones de hectáreas para el desarrollo de la ganadería intensiva”, advirtió el especialista.

La discusión, sin embargo, “no termina en la ilegalidad o legalidad de la deforestación que habilita la Ley de Bosques” sino que “hay que pensar qué vamos a hacer con el modelo de desarrollo agropecuario". Todos los gobiernos , advirtió Giardini, "han permitido la deforestación y descuidado el tema ambiental. Pero el actual, además, ha beneficiado a los ganaderos al sacarle las retenciones, lo que hizo que la actividad aumente”.

Detrás de ese negocio ganadero, aseguró el informe, se encuentran los grandes frigoríficos de Argentina (Carnes Pampeanas, Bermejo) que exportan carne vacuna a grandes supermercados y a mayoristas de Europa e Israel (Albert Heijn, Metro, Lidl, Shufersal, Zandbergen, Global Fleisch, Intervlees). “¿Cuál es el modelo que estamos llevando adelante? ¿Se está está pensando en dar de comer a los argentinos o estamos usando nuestro territorio para obtener dólares?”, se preguntó Giardini. Y respondió: “Estamos perdiendo bosques nativos para que un alemán se coma un bife de chorizo y para que un sector se llene de dólares. Eso estamos haciendo”.

"Quieren meter 10 millones de vacas en el Norte"

Según advirtió la ONG, si se implementa el acuerdo Mercosur-Unión Europea “crecerá la demanda de carne vacuna argentina y será más rentable el negocio exportador de los grandes frigoríficos”. La presión sobre los bosques, por lo tanto, seguirá en crecimiento. “Los ganaderos están pensando en aumentar el stock, en meter 10 millones de vacas en el norte del país. Con el modelo que vienen desarrollando, al meter una vaca por hectárea ponen 10 millones de hectáreas en peligro: dejan solo dos o tres árboles aislados y plantan pasturas para el ganado”, detalló Giardini.

El “Gran Chaco” es el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después del Amazonas. Allí conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles, 100 anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del ocho  por ciento son indígenas, quienes dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos. “La deforestación de estos bosques no solo provoca estragos en el cambio climático (un síntoma claro son las inundaciones) sino que también afecta a la biodiversidad y pone en peligro los 20 yaguaretés que quedan en la zona. Para sobrevivir, ellos necesitan de bosque continuo. Pero con la deforestación, los bosques van a quedar como un queso gruyere: llenos de agujeros. La posibilidad de supervivencia de esos yaguaretés, entonces, es bajísima”.

El yaguareté es una de las pocas especies de la fauna argentina que ha sido declarada  Monumento Natural Nacional por la Ley Nº 25.463 en 2001. También es Monumento Natural Provincial en Chaco, Salta, Formosa y Misiones. Por este motivo, hace dos semanas, Greenpeace presentó un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre y representación del yaguareté que habita en el Gran Chaco argentino. "Es la primera vez en la historia jurídica de nuestro país y del mundo que tiene lugar una presentación en nombre de una especie y de los Derechos de la Naturaleza", explicó la ONG.

“En el amparo demandamos a las cuatro provincias de la zona chaqueña y al estado nacional por incumplimiento de la Ley de Bosques que pone en riesgo la supervivencia del yaguareté. Pedimos que se haga un relevamiento de las áreas en las que vive el yaguareté y que en esas zonas se prohíba la deforestación. No puede ser que el mismo estado que se comprometió por ley a asegurar su supervivencia le esté destruyendo el hábitat”, concluyó Giardini.

Fuente: Página 12