La invasión de la enorme reserva yanomami por miles de mineros ilegales de oro y diamantes ha cobrado la vida de unos 570 indígenas solo en el 2022.

Un inmenso verde ha rodeado desde siempre a la tribu yanomami. Ubicada en un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, entre los estados de Roraima y Amazonas, en el noroeste de Brasil, la comunidad es víctima de una crisis humanitaria producto de la explosión de minería ilegal en su territorio, donde un centenar de niños murió el año pasado por desnutrición, neumonía y malaria. Los mineros —conocidos como garimpeiros— llevaban años destruyendo su tierra y su tribu.

Desde el aire, el panorama de la deforestación causada por la minería ilegal en territorio yanomami es devastador. A principios de febrero, Brasil desplegó cientos de policías y soldados para desalojar un campamento minero ilegal, o garimpo, en el territorio yanomami, lugar invadido por al menos 15.000 personas, reporta AFP.

Las huellas de Bolsonaro

Los líderes indígenas han acusado a los mineros ilegales de oro y diamantes de violar y matar habitantes y de desencadenar una crisis alimentaria al destruir la reserva protegida de la selva amazónica, la mayor tierra indígena de Brasil.

Contaminantes, producto de la minería ilegal, se mueven por el suelo y el agua del territorio yanomami, propagado el paludismo. Además, se han registrado casos graves de malaria, neumonía, infecciones gastrointestinales y desnutrición. Todo ello mientras el gobierno de Jair Bolsonaro hacía la vista gorda.

Desde su administración en el Ejecutivo, se desarticularon estructuras montadas durante gestiones anteriores para preservar tanto los territorios delimitados como las reservas, así como a las poblaciones indígenas.

Los cuatro años de impunidad para los destructores de la Amazonía han dejado huella en este territorio, donde viven unas 30.000 personas distribuidas en 386 comunidades, varias de las cuales se encuentran aisladas y no mantienen contacto con otro tipo de personas.

Según información recogida por la agencia AFP, la minería ilegal se incrementó particularmente durante el mandato del derechista (2019-2022). En ese periodo, la deforestación anual promedio aumentó 59,5 por ciento, respecto a los cuatro años anteriores, y avanzó 75,5 por ciento en relación con la década anterior.

Entre tanto, el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, que este lunes cumple 100 días, ha abierto investigaciones a ministros y funcionarios de la administración de Bolsonaro acusados de negligencia y de genocidio.

Esto a partir de la denuncia de numerosos casos de muerte de niños yanomami por desnutrición. Solo en 2022, se calcula que unos 570 indígenas murieron de hambre o de enfermedades derivadas de la desnutrición en el territorio indígena yanomami.

En Brasil, es enorme la esperanza de que Lula haga realidad el discurso ecológicamente correcto de la noche de su victoria. Salvo la operación para desalojar a los garimpeiros en tierra indígena yanomami, aún no se implementan acciones para frenar la destrucción de la Amazonía.

Según los expertos, la raíz de los problemas se ha vuelto demasiado profunda y no hay solución instantánea. "La principal misión de estos primeros 100 días era desarmar las múltiples trampas puestas por el gobierno de Bolsonaro", dijo Raul do Valle, de WWF-Brasil.


Demanda de oro permanente

El uso de mercurio para separar el oro de la roca ha afectado gravemente a la pesca, principal fuente de subsistencia para muchos de los yanomami, en medio de una demanda de oro permanente y en expansión.

"En su cultura, el oro significa éxito. Para mi pueblo, para la selva y las criaturas que aún quedan en la Amazonía, significa muerte y destrucción", dice Junior Hekurari, líder de la asociación yanomami Urihi, en un video difundido por la agencia de publicidad DM9.

"El oro es extraído con mercurio y más y más litros son vertidos en nuestros ríos, matando nuestros animales, a nuestra selva y a nuestro pueblo", advierte en el mensaje en su lengua nativa.

Esta realidad insostenible es un vistazo a la falta de respeto y la indignidad con que las autoridades estatales han tratado a esta comunidad originaria ante el peligro al que se han visto expuestos, lo que ilustra también la situación que vivieron durante cuatro años todas las comunidades originarias brasileñas.

La decisión del gobierno de Lula de declarar estado de emergencia es el primer paso para resolver una cadena de destrucción mucho mayor, al cual ya le ha dado un título: genocidio.

Fuente: La República (Perú)