Nuevo revés del Supremo de Estados Unidos al presidente Joe Biden. Apenas una semana después de suprimir el derecho al aborto defendido por los demócratas, el Alto Tribunal dictó ayer una sentencia que restringe de manera sustancial las facultades del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático. La decisión es un duro golpe contra la agenda medioambiental de Biden, una de sus prioridades como gobernante pero también uno de sus compromisos clave como aspirante a líder global en la batalla por un presente sostenible y un futuro posible.

La mayoría conservadora de 6-3 que domina el máximo órgano judicial del país determinó que la Ley de Aire Limpio no otorga a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) una amplia autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que contribuyen al calentamiento global.

La resolución no suprime por completo la capacidad de la agencia para regular el sector energético. La EPA podrá seguir controlando las emisiones de gas en las plantas de energía, de manera individual. Pero no podrá establecer reglas de carácter general sobre los máximos de emisión.

“Limitar las emisiones de dióxido de carbono hasta un nivel que obligue a una transición alejada del uso del carbón en la generación de electricidad puede ser una ‘solución sensata a la crisis del momento”, admitió con alusión a un caso anterior el ponente de la sentencia y presidente del Supremo, John Roberts. Pero precisó que “no es plausible sostener que el Congreso dio a la EPA la autoridad para poder adoptar por sí sola tal esquema regulatorio”. Porque “una decisión de tal magnitud debe recaer en el propio Congreso o en una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo”.

Los tres magistrados de la minoría progresista, Elena Kagan , Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, emitieron un voto particular de tintes dramáticos ajustados a la importancia del asunto: “Hoy, la Corte Suprema despoja a la Agencia de Protección Ambiental del poder que el Congreso le otorgó para responder al desafío ambiental más apremiante de nuestro tiempo”, encabezaron su escrito.

Con ponencia de Elena Kagan, los tres discrepantes añadieron sin cortarse demasiado: “Al margen de lo que este tribunal pueda saber, lo cierto es que no tiene ni idea de cómo abordar el cambio climático. Aquí hay mucho en juego. Pero la corte impide ahora actuar a la agencia autorizada por el Congreso para frenar las emisiones de CO2 y se designa a sí misma, en lugar del Congreso o de los expertos, como la que toma las decisiones sobre la política climática. No podemos imaginar muchas cosas más aterradoras. Y, respetuosamente, disentimos”.

Biden declaró hace meses el “código rojo para la humanidad” por la crisis climática. Y de manera repetida ha prometido que para el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero desde Estados Unidos –el 14% del total del planeta– se reducirán en un 50% respecto a las del 2005. Cada vez lo tiene más difícil para cumplirlo.

Los planes del presidente en este ámbito sufrieron ya un fuerte revés con el rechazo el año pasado, por parte de los parlamentarios republicanos pero también del senador demócrata Joe Manchin, a su ambicioso plan de gasto social y medioambiental. El programa pasó de un presupuesto inicial de 3,5 billones a menos de 2 billones, y aun así quedó varado. Será difícil revivirlo antes de las legislativas de noviembre. Y si entonces los demócratas pierden su ajustada mayoría en las Cámaras, tal vez el plan muera.

Por otro lado, el Supremo concedió ayer un respiro a Biden al dar luz verde a su gobierno para finiquitar la norma de la era Donald Trump que, conocida como Quédate en México , obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en ese país mientras se tramitan sus casos. La decisión ha venido provocando la retención de miles de migrantes, bajo peligrosas condiciones, en poblaciones mexicanas limítrofes.

El fallo otorga a Biden un triunfo al devolverle el control sobre una de sus políticas más importantes en clave interna y respecto al electorado latino. Pero también le obliga a multiplicar su esfuerzo por regular la inmigración y evitar el caos en momentos de gran crecimiento de la presión migratoria.

La resolución se adoptó por 5 votos a favor y 4 en contra, con los conservadores Roberts y Brett Kavanaugh del mismo lado que los tres progresistas. El fallo establece que el programa Quédate en México no es necesario según la ley federal de inmigración. De acuerdo con los argumentos sostenidos por el Gobierno, los funcionarios federales podrán liberar a parte de los solicitantes de asilo dentro del país mientras esperan a que les llamen y den audiencia para tramitar sus peticiones.

La Administración intentó dos veces anular la regulación de Trump, pero los estados de Texas y Misuri recurrieron. Un juez y luego un tribunal de apelaciones suspendieron la revocación gubernamental, y el asunto llegó entonces al Supremo.