Una lengua beige avanza por la selva maya en las inmediaciones del municipio de Izamal, en el estado de Yucatán, en el sureste de México. Es el tramo 3, de 172 kilómetros de extensión, del Tren Maya (TM), el megaproyecto más importante de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mordida metálica de las retroexcavadoras engulle la vegetación para abrir las arterias de la selva para el tendido y la edificación de las cinco paradas de esa parte de la futura red ferroviaria, que se está erigiendo a un costo situado actualmente en más de 15 000 millones de dólares, 70 por ciento por encima del previsto inicialmente.

El indígena maya Pedro Uc, integrante de la no gubernamental Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, resumió el impacto ambiental del TM en una zona de milpa (cultivo conjunto de maíz, calabaza, frijol, chile) y de avicultura.

“Todo lo que pasa en la península (de Yucatán) es una afectación al pueblo maya, dañando a los árboles, al agua, a los animales. Es una parte de nuestro territorio que se está destruyendo. Quienes no producen su propia comida, tienen que depender de otros”, señaló a IPS desde Buctzotz (vestido de pelo, en maya), en Yucatán, a unos 1 400 kilómetros de Ciudad de México.

Sin territorio, no hay alimentos, subrayó el activista, cuya organización trabaja en 25 municipios de la península, integrada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y sede del segundo macizo selvático más importante de América Latina, luego de la Amazonia.

A pesar de las múltiples denuncias de daño ambiental, la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aún no resuelve estas quejas, a más de dos años del inicio de la construcción.

“Nunca ha funcionado. No ha sido una instancia que atienda el tema, están de adorno. Profepa debería atender las denuncias”, aseguró Uc, cuya localidad se sitúa a 44 kilómetros al sureste de Izamal, una de las estaciones del ferrocarril.

Profepa, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recibió dos denuncias en 2020, una en 2021 y 159 en los primeros cinco meses de este año por “actos hechos u omisiones en contravención de las leyes ambientales”, según solicitudes de información pública presentadas por IPS.

La Procuraduría supervisa el megaproyecto con su “Programa de inspección Tren Maya, en las materias de impacto ambiental, forestal, vida silvestre y fuentes de contaminación”, cuyos resultados son desconocidos.

La dependencia efectuó en diciembre del año pasado una inspección sobre generación y manejo de residuos peligrosos en el sureño estado de Chiapas que, junto a los de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, son parte del tendido de la obra.

Además, en junio y julio realizó otros dos recorridos de verificación de medidas de mitigación de emisiones contaminantes y gestión de desechos. Profepa aún analiza los resultados de esas visitas.

La fiscalía ha hecho exploraciones en nueve municipios del tramo dos, ocho del cuatro y 16 del cinco. El tendido de las líneas 6 y 7 iniciaron en abril pasado, sin que la dependencia haya inspeccionado aún. El megaproyecto consta en total de siete tramos, que se construyen en forma paralela.

El tendido del TM, a cargo del gubernamental Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), recorrerá unos 1500 kilómetros, con 21 estaciones y 14 paraderos, según datos de López Obrador, muy involucrado en la obra y su mayor defensor.

El tren, cuyas locomotoras trasladarán miles de turistas y carga, como soja transgénica, aceite de palma y carne de cerdo, horada 1 681 hectáreas, que implican el corte de 300 000 árboles, según el estudio original de impacto ambiental. El tendido de los tramos 1, 2 y 3, que requieren de 801 hectáreas, empezó sin contar aún con los permisos ambientales.

El gobierno promociona el megaproyecto como motor de desarrollo social, al crear empleos, impulsar el turismo más allá de los centros tradicionales de visitantes y dinamizar la economía regional, lo cual ha desatado controversia entre sus simpatizantes y sus críticos.

Vía libre

En noviembre del año pasado, López Obrador, quien quiere a toda costa que las locomotoras piten por la península a finales de 2023, calificó el TM como “proyecto prioritario” mediante un decreto presidencial, con lo cual logró la facilitación en la entrega de permisos ambientales. El gobernante aseguró el martes 25 que las pruebas con locomotoras iniciarán en julio próximo.

Esta calificación reduce el margen de maniobra de Profepa, a criterio del abogado especialista en casos ambientales Carlos del Razo, del bufete Carvajal y Machado.

“Algunas de las denuncias tempranas pudieron presentarse por obras en las que se expidieron exenciones de permisos por hacerse en derechos de vía existentes. Pero si decide no actuar, tiene que argumentar sobre esa decisión. La procuraduría no va tener un interés particular en sancionar obras gubernamentales”, explicó a IPS.

En sus autorizaciones, Semarnat resolvió que Fonatur debe aplicar un programas de manejo integral de residuos, de conservación de suelos y reforestación; de monitoreo de la calidad del aire; de manejo de flora y alejamiento de fauna, rescate y reubicación de fauna silvestre.

De hecho, Profepa debe supervisar que estas medidas respeten la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, vigente desde 1988 y que los ambientalistas acusan de violaciones

López Obrador niega que haya deforestación, prometió la construcción de tres parques naturales en el este de Quintana Roo y la reforestación de unas 2500 hectáreas en las inmediaciones del recorrido ferroviario.

En un reconocimiento tácito de tala en la zona del proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional sembrará árboles, a un costo de 35 millones de dólares, según un convenio entre Fonatur y esta dependencia contenido en la filtración masiva de correos del estamento militar efectuado por el grupo no gubernamental Guacamayas y consultado por IPS.

Viridiana Mendoza, especialista de Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México, criticó “la nula actuación” de Profepa.

“Ya habían deforestado sin manifestación de impacto ambiental, lo cual es un delito. No nos extraña, pues va en toda esta dinámica que ha caracterizado al Tren Maya, ilegalidades, omisiones, falsedades en información, violación de procesos. Hay conflicto de interés porque Profepa obedece a Semarnat”, sostuvo.

La organización no gubernamental internacional ha hallado información “insuficiente, falsa y poco precisa” de los tramos cinco, seis y siete, por lo que no es posible evaluar los peligros y daños a las poblaciones y los ecosistemas.

Riesgos

La obra encierra una paradoja, pues mientras el gobierno promete turismo sostenible en otras zonas de la península, amenaza los propios imanes de ese flujo, como los cenotes -llamativos pozos de agua dulce subterránea- , sistemas de cuevas y todo el ecosistema en general.

Por ello, el TM amenaza al mayor sistema de ríos subterráneos y grutas inundadas del planeta, un complejo de cuevas sumergidas por debajo del terreno calizo.

El suelo poroso (kárstico) de la península sabotea los propósitos gubernamentales, pues ha obligado a Fonatur a cambiar varias veces el diseño del trazado del megaproecto. Por ejemplo, el tramo 5 ha experimentado tres variaciones entre 2021 y enero pasado.

Ante la ola de impactos, la última esperanza recae en la organización de las poblaciones locales, según el maya Uc

“Entre lo posible y lo imposible, informamos a la gente para que, en su propia comunidad, tome la decisión que quiera tomar. La gente no tiene la información necesaria. Que asuman la lucha desde su propio suelo y tomen las decisiones respecto a lo que sigue”, planteó.

Pero el abogado Del Razo y la ecologista Mendoza apuntaron a los tribunales como reducto postrero.

“El Poder Judicial sigue siendo lo más independiente en México. Los interesados podrían acudir a amparos para que le ordenen a Profepa corregir el proceso. Se necesita una estrategia de detalles puntuales para demostrar las infracciones. Lo efectivo es entrar en los detalles de las impugnaciones”, explicó Del Razo.

Para Mendoza, falta acceso a la información, respeto a la participación pública y a la justicia ambiental.

“Profepa tuvo que haber detenido las obras por el simple hecho de no tener la autorización ambiental cuando empezó la remoción de vegetación. Vemos complicado que busque detener la construcción, porque hemos visto su reacción anteriormente. Semarnat apoya el proyecto, sin importar que sea omiso y en contradicción con las leyes”, denunció.

Mientras sus opositores queman cartuchos legales, el TM pasa por encima de todos los obstáculos, que se esquivan con ayuda de la Procuraduría ambiental, al menos hasta ahora.

Fuente: Agencia IPS