Italia viene a menos

Agobiada por factores estructurales y un contexto internacional adverso, la economía italiana se debate entre el estancamiento y la contracción como alternativas probables para este año.

 

Al panorama sombrío descrito en las últimas semanas por la Banca de Italia, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, con sucesivas revisiones a la baja de sus respectivos pronósticos de crecimiento, se sumaron otras entidades de reconocida solvencia en ese ámbito.

El Centro de Estudios de la principal organización empresarial del país, Confindustria, se unió a los malos presagios al reducir a cero su estimado de 0,9 por ciento de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de Italia, anunciado en octubre de 2018.

Como consecuencia, vaticinó un incremento del déficit fiscal, de 2,1 por ciento en 2018, a 2,6 en 2019, y un incremento de la deuda pública con relación al PIB, de 132,1 a 133,4 este año, con perspectivas de llegar a 133,6 en 2020.

Al día siguiente se unió al coro la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s, la cual bajó de 0,7 a 0,1 su predicción y ubicó a Italia en el último lugar en ese aspecto en la zona euro, cuyo crecimiento revisó también de 1,6 a 1,1 por ciento, debido, principalmente, al pobre desempeño de este país y Alemania.

En esas circunstancias, el ministro de Economía y Finanzas, Giovanni Tría reconoció la posibilidad de un estancamiento de la economía este año, aunque descartó una reducción de los gastos previstos en el presupuesto.

En una comparecencia en el Festival Nacional de la Economía Civil, en la ciudad de Florencia, Tría se refirió a la ralentización de las economías europeas, en especial la alemana, y su influencia sobre la italiana.

El funcionario precisó que la desaceleración de la economía germana frenó el dinamismo del sector industrial exportador italiano, el cual calificó como ‘la parte más productiva’ de este país.

Antes de la declaración de Tría, asomó la amenaza de la contracción, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) disminuyó de 1,1 a menos 0,2 por ciento su pronóstico.

Apenas la víspera, en la evaluación por países correspondiente a Italia, la Ocde confirmó su estimado y señaló que la política fiscal expansionista y el escaso aumento del PIB elevarán el déficit fiscal hasta 2,5 por ciento, cuatro décimas más que en 2018.

El documento indicó que el presupuesto italiano de 2019 apunta correctamente a ayudar a los pobres, pero su contribución al crecimiento parece ser modesta, especialmente a mediano plazo y criticó la aplicación de las dos principales medidas de beneficio social del actual gobierno.

En ese sentido puntualizó que el ingreso mínimo garantizado, el cual sustituye al Esquema de Ingreso Inclusivo, asigna una cantidad significativa de fondos para programas de lucha contra la pobreza, pero su eficacia dependerá mucho de las mejoras en la búsqueda de empleo y los programas de adiestramiento.

En cuanto a la reducción de la edad de jubilación a 62 años de edad y al menos 38 de contribución, consideró que disminuirá el crecimiento a mediano plazo, al reducir la fuerza de trabajo entre las personas mayores, acentuará las desigualdades intergeneracionales y aumentará la deuda pública.

La Ocde estimó que el endeudamiento alcanzará el 134 por ciento del PIB este año, con proyección de seguir escalando hasta llegar a 135 por ciento el próximo.

Para superar los retos estructurales de la economía italiana, el organismo internacional cree necesario aplicar un paquete de reformas para los próximos años, dirigido a lograr un crecimiento mayor y más inclusivo, al tiempo que recuperar la confianza en la capacidad reformadora del país.

Entre otras medidas, el informe propuso incrementar la productividad para aumentar los niveles de vida, enfrentar el efecto negativo del envejecimiento poblacional y la reducción de la fuerza de trabajo; y un plan creíble a mediano plazo para reducir la relación entre el monto de la deuda y el PIB.

La relación incluyó, además, una mayor eficiencia y direccionamiento del gasto público, junto a un sistema tributario más justo; así como superar los retos que aún persisten en el sistema bancario, a pesar de los avances logrados en ese sector.