La detención y pedido de deportación de cuatro extranjeros que supuestamente estaban en los disturbios del Congreso volvió a poner de manifiesto la política migratoria que viene llevando adelante el oficialismo desde su asunción. La demonización del otro diferente y verlo como amenaza ante la posibilidad de “politizarse” es una de las características de Cambiemos. Sin embargo, la Constitución afirma que “los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano”. En ese marco, desde el Bloque Migrar no es delito, remarcaron a AIM: “Venimos alertando sobre la ola xenófoba y racista promovida por el Gobierno y sus medios de desinformación con más fuerza”.

“¡Abajo la xenofobia y el Presupuesto de hambre! ¡Migrar no es delito!”, gritan desde el Bloque de Trabajadores Migrantes.

La detención y pedido de deportación de cuatro extranjeros que supuestamente estaban en los disturbios del Congreso constituyó la construcción del discurso perfecto para endurecer aún más la política migratoria por parte de Gobierno.  Según trascendidos, prevén la creación de un fuero migratorio, una Policía de Migraciones, más controles en las fronteras y en los visados y una ratificación del decreto de expulsión de aquellos que cometen delitos.

“Respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer (24 de octubre de 2018, movilización contra la aprobación en el Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste y despojo al pueblo argentino), ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país", agregó el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.

Más de cien años pasaron de la Ley de Residencia, pero “seguimos escuchando que los principales dirigentes del Gobierno nacional y algunos de su supuesta oposición en el Congreso solicitan la expulsión del país de extranjeros en razón de la supuesta “peligrosidad” de sus prácticas”, remarcan a AIM desde Migrar no es delito.

"Peligrosidad” que en ambos casos se fundan en su participación política, a la que presentan como “amenaza” al “orden público”.

En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo en la región trata de ser frenada, entre otros, por el activismo político transnacional a través de artistas, organismos de derechos humanos y partidos políticos de distintos lugares del mundo que manifiestan su preocupación por lo acontecido en estas geografías, “nuestros mandatarios promueven rápidamente la expulsión del país de extranjeros en función de su presunta actividad política”.

“Mientras que nos conmovemos por aquellas intervenciones solidaridad de mexicanos con migrantes centroamericanos que nos confirman que la búsqueda de un mundo más solidario y justo trasciende fronteras, otras formas de participar en política parecen poder ser cuestionadas y merecer una sanción ejemplificadora: La expulsión del territorio”, dicen desde el Bloque migrante.

En ese sentido, agregan: “No es el punto aquí decir que al menos uno de los extranjeros detenidos ayer en la zona del Congreso no había ido a manifestarse (…) No nos interesa despolitizar a los extranjeros y migrantes. Al contrario: defendemos el derecho a participar de la vida política como algo inherente al ser humano. Como algo inherente a nuestro ser en el mundo”.

Fue esa participación política la que contribuyó a principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a todo para terminar de implantar una política de hambre y despojo.

“Los derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de “extranjeros”. Los mismos que a Ley de Residencia luego expulsó. Los mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar”, remarcan desde la Campaña Nacional Migrar no es delito.

Hace tiempo, “venimos alertando sobre la ola xenófoba y racista promovida por el gobierno y sus medios de desinformación con más fuerza desde Enero de 2017 con la emisión del DNU 70/17 (de política migratoria) y otras iniciativas legislativas de carácter nacional y provinciales”, sentencian a AIM.

En ese marco, “exigimos el desprocesamiento de todos los detenidos arbitrariamente durante la represión desatada el día del tratamiento del Presupuesto de ajuste del 2019, un proyecto cuyos recortes afectan con mucho énfasis a los sectores más empobrecidos de la sociedad, entre quienes nos encontramos los migrantes”.

Ahora bien, la xenofobia cobra relevancia al tratarse de otro latino o centroamericano. Parecería que el estigma viene automáticamente asociado y cargado en sus valijas al entrar a un país de cobijo. El extranjero es el eje de la discriminación, pero no cualquier extranjero, no aquel blanco europeo, sino el otro estereotipado cuya identidad nacional se vincula a las raíces indígenas.

La construcción del “delincuente”

En 2017, Mauricio Macri sancionó el decreto migratorio  apelando a una falsa emergencia de seguridad donde acusa extranjeros. La medida estableció que cualquier migrante que ingrese al sistema penal está en condiciones de ser deportado.

En ese sentido, el sólo hecho de estar imputado en una causa (no importa si es culpable o inocente) habilita al Gobierno a la deportación. El decreto constituyó un eslabón más del plan contra los inmigrantes en Argentina.

Durante ese mismo año, se crea la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su responsable es alguien que nadie cita en cada represión: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Una de las acciones estratégicas que esta fuerza realizará es el armado de causas masivas, es decir, los detenidos serán imputados de delitos que nunca cometieron”, alertó a AIM el referente de los Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz.

“Los armados de causas planificadas son para acusar inocentes - en su mayoría migrantes- en el desarrollo para la construcción de los delincuentes”, agregó.

Las detenciones y armados de causas que tuvieron más repercusión fueron las que sufrieron 30 personas durante marchas por Santiago Maldonado y la Reforma Previsional a fines del año pasado. También aquellas apresadas en el Congreso durante la sanción del Presupuesto la semana pasada.

Es decir que “el Gobierno mediante un ilegal decreto crea los deliincuentes por intermedio de una Policía cuya función es secuestrar ciudadanos, imputarlos falsamente ante la Justicia. Así, los inocentes no tienen posibilidad de defensa (fue el objetivo del decreto migratorio) y así de simple lograr la expulsión inmigrantes”.

Guaraz lamentó a AIM que se trata de “un Gobierno terrorista que ha convertido nuestras fuerzas de seguridad en una asociación ilícita de funcionarios públicos, que secuestra personas por órdenes políticas para disciplinar a nuestro pueblo y quiere  expulsar  inmigrantes inocentes”.