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Política
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La ESI debe estar en el centro del debate por el derecho a decidir

Los medios de comunicación, las redes sociales, los espacios políticos y educativos hoy están atravesados por una discusión fundamental: la despenalización del aborto y otros asuntos igualmente importantes, como la necesidad de una educación sexual integral. Estos debates, como vemos a través de la manipulación de datos y otros artilugios, están muchas veces empañados, especialmente por los denominados grupos Pro-Vida que se embanderan detrás de “las dos vidas”, una falacia con múltiples dimensiones. Por Valentín Ibarra, para AIM.

Valentín Ibarra.
Valentín Ibarra.

Por un lado, estos grupos (numerosos y de anchas espaldas) estuvieron sistemáticamente en contra de la implementación correcta de la ESI, además de estigmatizar y criminalizar desde el púlpito, el aula, el consultorio y el estrado, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y, por otro, al no proponer alternativas reales más que la falsa conciencia del “no matarás”.

Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Organización Mundial de la Salud demuestran que en los sectores más vulnerablesde nuestras sociedades latinoamericanas, el 60 por ciento de las mujeres han sido madre a los diecinueve y, de ellas, la mitad carece de ingresos propios, educación formal y habilidades necesarias para competir por puestos de trabajo superadores.

En el ámbito familiar, las mujeres con menor grado de escolaridad siguen iniciando su vida en pareja y la maternidad de manera temprana, mientras que las que alcanzan mayor grado de educación postergan las uniones y la maternidad hasta los 30. Lejos de garantizarse un acceso universal a la salud sexual y reproductiva previsto por la Organización Mundial de la Salud para 2015 (allá por el año 2008), acordado y ratificado por los países miembro, se observa un acceso restringido a estos derechos básicos, además de estar condicionados por la interrelación de variables tales como la edad, raza, discapacidad, ubicación geográfica, orientación sexual o condición de migrante. Por consiguiente, no puede proponerse una linealidad en el análisis del tema, sino más bien a partir de un abordaje integral, es decir, como un problema estructural, especialmente en aquellas mujeres que provienen de los sectores más vulnerables.

En lo que respecta a la “planificación familiar”, según las instituciones de referencia se observa un alarmante desconocimiento de los cuidados obstétricos, prevención y manejo de infecciones, profilaxis y anticoncepción. Es decir, existe una ausencia casi total de la relación salud sexual y reproductiva con el bienestar físico y emocional, ya que la salud (por definición) entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con la libertad para decidir, cuándo procrear y con qué frecuencia.El documento titulado “Embarazo adolescente en Argentina. Aportes para el debate sobre derechos sexuales y reproductivos” (2013), de Amnistía Internacional, desarrolla un pormenorizado estudio sobre la situación de la tasa de fecundidad adolescente y sus impactos en la continuidad educativa de las madres, enfatiza en la necesidad de una educación sexual de calidad, libre de prejuicios y violencia, que los Estados deben garantizar a sus poblaciones, como así también el acceso real a los sistemas de salud y profilaxis.

 

Cifras comprobables

Aproximadamente uno de cada seis habitantes en el mundo es adolescente, lo que significa que 1200 millones de personas tienen entre diez y diecinueve años, cifra que representa un 17 por ciento de la población mundial. De este grupo, el 90 por cientovive en países de ingresos bajos y medios y solo el 51 por ciento asiste a los años superiores de la escuela secundaria.

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, nacen cerca de catorce millones de niños de madres adolescentes por año, de las cuales cerca de 2 millones viven en América Latina y el Caribe. Argentina se ubica por encima del promedio mundial, estimando 65,6 nacimientos por cada mil mujeres entre quince y diecinueve años, superando a Uruguay, Chile y Brasil.

Según Amnistía Internacional, estas maternidades merecen especial atención no solo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que presenta el embarazo a temprana edad, sino porque a menor edad es mayor la posibilidad de que el embarazo sea producto de abusos, relaciones forzadas o producto de la explotación sexual.

En nuestro país la tasa de fecundidad adolescente descendió de manera lenta pero continua desde 1980 hasta 2003, cuando se registró su punto más bajo: 57,5 por mil y a partir de dicho año comenzó un incremento sostenido hasta alcanzar el 69,6 en 2011. En los años 2012, 2013 y 2015 volvió a registrarse un leve descenso.

El documento de referencia se pregunta, ¿existe un vínculo entre educación y embarazo adolescente? Pese a que no pueden brindarse afirmaciones concluyentes entre estas dos variables, desde el frío relato estadístico puede decirse que los embarazos a temprana edad tienen mayor frecuencia en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad y con menor nivel educativo. Según el informe de 2013, un cuarto de las madres adolescentes no llegó a terminar el nivel primario. Por otro lado, de los embarazos que se produjeron durante estos rangos etarios (diez a diecinueve, que se subdivide en fecundidad adolescente temprana –hasta los quince- y fecundidad adolescente tardía –hasta los diecinueve-) puede observarse que: el 33,2 por ciento no continuó con sus estudios, el 27,9 continuó por un breve tiempo, el 28,1 por ciento continuó hasta el séptimo mes y solo el 10,8 por ciento terminó el nivel en que se encontraba.

Si bien la maternidad temprana no expresa un número cuantitativamente significativo en Argentina, su análisis representa implicancias del orden social y de salud importantes para la planificación e implementación de políticas orientadas hacia las niñas madres. Respecto a la salud y comparadas con mujeres de 20 a 24 años, las niñas madres menores de quince años corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo, mayor riesgo de bajo peso al nacer (menor de 2500 gramos), mayor riesgo de parto pre-término (antes de las 27 semanas de gestación), mayor riesgo de mortalidad perinatal, mayor riesgo de eclampsia (convulsiones), mayor riesgo de hemorragia posparto y mayor riesgo de infección endometrial. Si este cruzamiento de datos no nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad imperiosa de aplicar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en articulación con políticas sanitarias de prevención de embarazos no deseados, planificación familiar y contención dentro del sistema educativo, libre de las presiones que grupos conservadores e intolerantes pretenden sobre legisladores y educadores, entonces no podremos alcanzar la mayoría de edad política que (discursivamente) profesamos.

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