Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores  (MST)- Nueva Izquierda advirtieron a AIM que “el gatillo fácil es una práctica institucionalizada por las fuerzas policiales provinciales y nacionales”. Además, denunciaron que las investigaciones vinculadas a los abusos de la Policía de Entre Ríos “no llegarán a la verdad con una investigación con participación de las propias fuerzas de seguridad”. 

El martes pasado un megaoperativo de la Policía de Entre Ríos en el barrio Capibá de Paraná terminó con el asesinato de Gabriel Guzman, un jóven de 20 años. El disparo salió de un arma policial y la familia de Gabriel denuncia que se trata de un caso de gatillo fácil. Vecinos del barrio vinculan el hecho a un acuerdo entre la Policía y narcotraficantes. Desde la fuerza sostienen haber actuado en “legítima defensa”.

“El gatillo fácil es una práctica institucionalizada por las fuerzas policiales provinciales y nacionales. Los datos son claros en ese sentido. Desde 1983 hasta la fecha alrededor de 5000 casos han sido registrados de forma independiente. Son historias de las víctimas de clase de la represión institucionalizada de este Estado”, apuntaron en un comunicado enviado a esta Agencia desde el MST.

En su informe de fin de 2017, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizó 725 víctimas de gatillo fácil y muertes en comisarías y cárceles durante 721 días de gobierno macrista: “Es más de una muerte por día, en general de jóvenes y pobres. La política punitivista del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, con su lógica de saturación policial, y más ajuste social implica una casi inexorable consecuencia: más asesinados por las balas o maltratos del aparato represivo”.

La muerte de Gabriel Guzman “no es un hecho aislado en nuestra provincia. La reciente condena a un efectivo de la Policía de Entre Ríos por el asesinato de Sebastián Briozzi en Concordia en 2016, y el caso de tortura policial en Rosario del Tala muestran que la violencia institucionalizada es parte de la realidad provincial”, aseguraron desde el MST.

En ese marco, aseguraron que “para saber la verdad y que haya justicia se debe realizar una investigación independiente con participación y control de la familia de Gabriel Guzman. El festejo policial luego de la liberación de los dos agentes detenidos tras los hechos, que incluyó un recibimiento en tribunales por decenas de efectivos y una caravana de patrulleros con sirenas encendidas, no sólo es una afrenta a la familia Guzman y la sociedad en su conjunto. Demuestra con claridad que no hay ninguna posibilidad de llegar a la verdad con una investigación con participación de las propias fuerzas de seguridad”.

“Para que no se vuelvan a producir hechos como éstos es necesario cambiar de raiz las politicas de “seguridad” del Estado. Hay, en esto, una clara responsabilidad del Gobernador Bordet y la Ministra Romero. El punitivismo, del que hicieron gala por ejemplo con la ley de narcomenudeo, no ha reducido, ni reducirá en absoluto los índices de delito. Es necesario desmantelar el andamiaje de complicidad estatal que impulsa y ampara el delito organizado, y tener políticas activas contra la tremenda desigualdad y exclusión social”, indicaron.

En lo inmediato, para terminar con el gatillo fácil desde el MST proponen “depurar la Policía y fuerzas de seguridad de todo implicado en hechos de violencia institucional, represión o corrupción; la elección de comisarios por voto popular, para que deban rendir cuentas a los vecinos y no al Gobierno; y el control de las comisarías por organismos de derechos humanos”.