El Gobierno provincial publicó el 2 de enero el Presupuesto de la provincia y recién difundió hoy el Boletín Oficial en el que se puso en vigencia la Ley de Leyes, confirmó AIM.  La administración funcionó sin un marco legal el primer día del año, ya que el Ejecutivo no difundió ningún Decreto del Presupuesto reconducido del 2018. 

En el Boletín Oficial 26.563 - 001/19 difundido a cinco días de su supuesta impresión, se publicó la promulgación de la Ley 10660, que establece el Presupuesto para la administración pública para el 2019.

La demora en su publicación dejó sin Presupuesto a la provincia durante un día, ya que el 1 de enero el Gobierno no contaba con la Ley de Leyes que había sido aprobada en el Senado el 13 de diciembre con fuertes cuestionamientos de la oposición, luego de una extensa y agitada sesión.

Cabe recordar que desde la oposición se advirtió que los números son falsos, ya que se parte de un proyecto ficticio que realmente tiene un déficit de 1.000 millones de pesos.

La iniciativa,  que fijó en 129.343.997.000 de pesos las erogaciones del presupuesto de la administración provincial, supone “un resultado financiero previo positivo de 420.175.000 pesos”, según el Gobierno, números que fueron fuertemente criticados por los senadores de la oposición, que los consideró falsos.

Más allá de las críticas , el Ejecutivo logró la autorización para “concretar operaciones de crédito público con o a través del Gobierno Nacional, Entes del sector público Nacional, Entidades Financieras u otras entidades nacionales o internacionales, mediante la obtención de préstamos, colocación de títulos o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en pesos o su equivalente en moneda extranjera, con destino a la refinanciación o reestructuración de los servicios de la Deuda Pública o al financiamiento del déficit acumulado y consolidado de las Rentas Generales, por hasta 3.570.280.000 de pesos”.

En ese marco, para asegurar el cumplimiento del pago de los créditos, Gustavo Bordet quedó autorizado “a afectar en garantía o ceder los derechos de la provincia sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.

Como todos los años, el Ejecutivo logró que los diputados y senadores deleguen sus facultades, más allá de las críticas de la oposición. Precisamente, se autoriza al Poder Ejecutivo, al presidente de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General de la Provincia y al Defensor General de la Provincia, “a modificar los totales” fijados a sus respectivos ámbitos, mediante transferencias compensatorias de créditos “que aseguren en todo momento el equilibrio preventivo que se proyecta en el balance presupuestario”.