El 21 de de junio 1918 en la  Universidad Nacional de Córdoba se lanzó el “manifiesto  liminar de la reforma universitaria”, firmado por Deodoro Roca, que establecía de entrada  el “derecho sagrado a la rebelión” ante una política educativa que  tendía al embrutecimiento.

En la Argentina de principios del siglo XX las  universidades se abrieron  las nuevas clases medias de ideas liberales.

No obstante, los anticuados modelos universitarios conllevaron a que el estudiantado, en su lucha por la introducción de diversas reformas, se esbozara como un sujeto fundamental de la política nacional, ganándose su lugar definitivamente tras los acontecimientos que culminaron en la Reforma Universitaria de 1918.

Para 1918 existían en el país cinco universidades: las de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Tucumán y Córdoba.

En Córdoba el dominio ejercido por la Iglesia se traducía en un régimen reaccionario y conservador que se empeñaba en abortar cualquier intento de modificar el control que los sectores clericales ejercían sobre la institución.

Los  estudiantes cordobeses comenzaron a exigir la introducción de reformas en vistas de modernizar la casa de estudios que, fundada en 1613,  donde aún funcionaba la dinámica heredada de los tiempos coloniales.

La primera acción del estudiantado cordobés tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la manifestación en las calles y la conformación del Comité Pro Reforma que, en principio, solo reclamaba tímidos cambios. Ante la respuesta negativa de las autoridades, el 14 de marzo el Comité declaró la huelga general de los estudiantes por tiempo indeterminado. La adhesión a la misma fue total, imposibilitando el inicio de clases el 1 de abril.

Entonces, el gobierno nacional decretó el 11 de abril la intervención de la universidad a cargo de José N. Matienzo; mientras que, simultáneamente, se conformaba en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. El 22 de abril, Matienzo anunció un proyecto de reformas del estatuto de la universidad abriendo la participación en el gobierno universitario al claustro de profesores. Así, se reanudaban las clases, la situación se normalizaba temporalmente y se cerraba la primera etapa del conflicto.

El segundo período del proceso giraría en torno a las expectativas puestas en la elección del nuevo rector que tendría lugar el 15 de junio. Los estudiantes conformaron la Federación Universitaria de Córdoba, y militaron las elecciones para el rectorado a favor del candidato liberal Enrique Martínez Paz. Además de éste, se postulaban, por un lado Alejandro Centeno, y por el otro, Antonio Nores, representante de la cúpula clerical y miembro de la Corda Frates

Nores resultó electo nuevo rector. La respuesta de los estudiantes no se haría esperar y se abriría la tercera etapa del conflicto: los reformistas irrumpieron en el salón de grado, rompiendo los vidrios y muebles, descolgando los cuadros de las históricas autoridades de la universidad, y expulsando del lugar a la policía y los matones contratados por las autoridades clericales.

Nuevamente declararon la huelga general que rápidamente se extendió a nivel nacional con la adhesión de los estudiantes de las restantes universidades del país. Inmediatamente marcharon por las calles y obtuvieron la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba a la lucha estudiantil, forjando una embrionaria unidad entre obreros y estudiantes.

El 21 de junio, Deodoro Roca redactó anónimamente el “Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria”. El documento expresaba un intransigente anticlericalismo y antiimperialismo expresado en su título “La juventud de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” y su ferviente romanticismo por la independencia latinoamericana.

En agosto, el gobierno nacional decretó nuevamente la intervención de la Universidad, esta vez a cargo del ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Los estudiantes radicalizaron sus medidas y el 9 de septiembre ocuparon la Universidad asumiendo sus funciones de gobierno: nombraron a los dirigentes estudiantiles Horacio Valdés, Enrique Barrios e Ismael Bordabehere como decanos de las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, organizaron actividades curriculares, nombraron profesores, consejeros y empleados e incluso llegaron a constituir mesas de exámenes. La universidad se encontraba completamente en manos del estudiantado, situación que solo sería revertida tras el desalojo y la detención de algunos estudiantes por parte de la policía.

Pero para entonces, Salinas se vio obligado a atender los reclamos estudiantiles y decretar la reforma del estatuto universitario incorporando la docencia libre y el cogobierno paritario (la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad en igual número respecto a los profesores titulares y suplentes). Paulatinamente, los cambios se instauraron en el resto de las universidades del país y, para 1921, la reforma universitaria regía a nivel nacional. La lucha estudiantil alcanzaría dimensiones continentales: el estudiantado se levantaba en Chile, Perú y Cuba durante los primeros años de la década de 1920; y durante la década de 1930, en México, Paraguay y Brasil.