El objetivo es abordar el tema “de forma integral” y con “información científica valedera”, sostuvo el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), Pedro Barbagelata. “Lo prioritario es la salud de la población”, adelantó.

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En el marco de las disposiciones que emitió la Justicia entrerriana respecto de las aplicaciones de fitosanitarios en cercanías a escuelas rurales, el gobierno de la provincia acudió a instituciones técnicas, académicas y científicas para elaborar el decreto que reglamente la actividad preservando la salud de la población rural, previendo capacitación y actividades alternativas para los productores, y el incremento de los controles en el campo.

Para ello hubo una reunión en la Secretaría de Producción de la que participaron autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Uner, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, representado por el titular de la Regional Entre Ríos, Guillermo Vicente, y el Colegio de Profesionales en Agronomía de la provincia de Entre Ríos (Copaer), en la que se analizaron los distintos aspectos que requiere la reglamentación solicitada por el fallo de la justicia entrerriana.

En ese marco, Barbagelata reconoció como “válida” la “preocupación de la sociedad en lo que hace a la aplicación de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria” y sostuvo que hay que abordarla “de forma integral” y con “información científica valedera para hacer recomendaciones”. También explicó que la prioridad es proteger la salud de la población rural.

Además, el decano de la Facultad especializada en este tema sostuvo que “las leyes deberían estar basadas en esa información” y valoró el espacio convocado por el gobierno provincial: “está muy bien que se lo aborde de forma interdisciplinaria”. “Creo que es importante que haya información y que se discuta en base a información”, apuntó.

En ese sentido, el académico aclaró que el fallo del poder judicial aborda puntualmente “el tema de las escuelas rurales” porque existía “una especie de vacío legal, ya que no estaban nombradas específicamente en la ley” en la que sí “se habla de caseríos, de cursos de agua, etcétera”, enumeró.

Frente a ello, la discusión entre los distintos sectores e instituciones técnicas y científicas tuvo que ver también con “las instancias mínimas necesarias para aplicar productos fitosanitarios” aunque “la distancia pasa a ser una discusión vacía sino se habla de cuál es el resto de las prácticas que deben acompañar el tema de las distancias”, aclaró Barbagelata.

En esa línea, durante la reunión se analizó “qué tipo de productos se aplican, cómo son las condiciones ambientales al momento de la aplicación (principalmente la dirección e intensidad del viento), y cuál es el grado de toxicidad de los productos que están clasificados en bandas”, a saber: banda verde, banda azul, banda roja.

Sobre esto último “partimos de la base que hay un cumplimiento de la ley respecto al uso de ese tipo de productos” explicó el académico, porque “siempre se habla de productos que están en un listado, en un vademecum que tienen una aprobación por el Estado nacional”.

Además, “hay técnicas y producciones alternativas en las que se trata de minimizar el uso de productos fitosanitarios” explicó Barbagelata entre las que mencionó tipos de “rotación de cultivos”, y la “integración de sistema agropecuarios” entre cultivos y producción ganadera en las que “el número de intervenciones a partir de aplicaciones fitosanitarias se minimizaría”. “Esos serían los sistemas que habrían que promover en los casos en donde hay cercanías a viviendas o a situaciones de conflicto urbano/rural”, graficó.

Asimismo, el decano de Agronomía resaltó que existe “toda una serie de tecnologías en las que se está trabajando a partir de distintos proyectos” como “el uso de cortinas o de bandas donde las medidas que se toman son especiales”.

“La idea es que se pueda producir” apuntó luego Barbagelata, para “no dejar sin alternativas a los productores que están en situaciones de conflictos, mostrarles cuáles son esas opciones de producción, que tienen que ser viables desde el punto de vista social, económico y ambiental”.

Priorizar la salud 

Por otra parte, el decano de la FCA aclaró que “lo prioritario es la salud de la población, y es tan importante la salud de los niños como de los ancianos como de la gente que trabaja en el campo, el propio productor, los asesores, los operarios de maquinarias”. También enfatizó: “Me parece que se debería centrar y priorizar el tema de la salud y minimizar y eliminar cualquier riesgo potencial a la salud”.

Además recordó que “se tiende a confundir y decir que al sector productivo muchas veces no le interesa la cuestión de la salud” sin embargo “hoy se juega la salud de la propia gente que está trabajando. En el campo no solamente es la gente que está viviendo en el campo”.

Capacitación

“Desde la facultad y también en conjunto con el Inta estamos en capacitación a los aplicadores. También hay otras instituciones trabajando en lo que es el control, la capacitación de la policía, etcétera, que es todo lo que atañe al rol del Estado primero para asegurar que las cosas se hagan bien y después lo que es el control y castigo en las cosas que no se hacen bien”, concluyó.