Las Defensoras del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Marcia López, y Cecilia Pautaso (Adjunta), participaron de una reunión organizada por vecinos autoconvocados de la zona suroeste, preocupados por diversas problemáticas generada por la existencia de un asentamiento y la venta ilegal de parcelas en terrenos del Ejército que la Nación cedió a la Provincia hace más de una década.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la vecinal 3 de Febrero, ubicada en calle General Caminos al 1700, es el segundo al que asistieron las Defensoras. El primero se realizó en diciembre, con la presencia de vecinos, funcionarios municipales, provinciales y de la Policía de Entre Ríos.

En el encuentro pasado, concretado el jueves 14 de enero, participó el subsecretario de Bienestar Municipal y Ciudadano, Lucas Garcilazo; Kevin Bolzán por la Secretaría de Gobierno de la Comuna; el titular de Conservación Vial del Municipio, Julián Hirschfeld; Martín Rettore, integrante de la Fiscalía de Estado de la provincia, y autoridades policiales: estuvieron el subjefe de Jefatura Departamental, Carlos Echaniz, y el Jefe de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, Héctor Martínez.

Durante la reunión, los vecinos recordaron las distintas cuestiones que funda su preocupación e hicieron hincapié en la situación en torno del terreno de unas 130 hectáreas, que fue cedido por la Nación a la Provincia –a través de un trámite todavía inconcluso-, para un uso determinado: la concreción de un proyecto de urbanización que incluía viviendas sociales, la construcción de una escuela de nivel secundario, un polideportivo, un destacamento policial y un Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), edificio que se comenzó a construir y luego quedó abandonado.

Así las cosas, la intención expresada por los vecinos en el inicio de los encuentros es que se contemple la situación de las familias que ya viven en el lugar (estiman que hay alrededor de 50), se les brinden las condiciones de urbanización necesarias, que se eviten nuevas ocupaciones y que se analice la posibilidad de planificar una obra que constituya una mejora en las condiciones de vida para ese sector de la ciudad. Otra inquietud del vecindario consiste en la inseguridad que padece la zona, que relacionan parcialmente con el asentamiento.

Otro aspecto de la problemática, planteada radica en la venta ilegal de parcelas. Al respecto, se planteó que la modalidad consiste en la venta de parcelas por parte de particulares que cobran el otorgamiento de una posesión, a través de un boleto de compra y venta, en una maniobra inescrupulosa e ilegal. Los casos son parte de una investigación judicial, tras un relevamiento y registro de datos realizado por Delitos Económicos de la Policía.

Las Defensoras del Pueblo consideraron que se trata de una problemática con muchas aristas: por un lado está la relacionada a la ocupación irregular del terreno (ya sea por intrusamiento o por “adquisición” irregular) y lo que ello implica para el vecindario; y por otro, la seguridad y las condiciones de vida de quienes ya están instalados allí. En ese sentido, se mencionó, a modo de ejemplo, el riesgo que implica para las familias -emplazadas en el predio en cuestión- el acceso clandestino a los servicios como a la red eléctrica.

En cuanto a la participación de la institución, apuntaron que consiste en la escucha y consideración del reclamo de los vecinos, la búsqueda de información y articulación de diferentes alternativas ante las áreas del Estado concernientes a la temática, teniendo como eje de las gestiones el bien común y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.