El deterioro económico y social a nivel nacional y de la ciudad se evidencia a simple vista. Además, recientemente la UCA publicó un informe en cual dice que el 41 por ciento de los niños del país vive en la pobreza estructural. Esto significa que, unos 4,7 millones de niños cuyos padres y madres no tienen los ingresos básicos para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, entre otras múltiples carencias que pueden estar sufriendo como el acceso deficiente a la salud o la educación, remarco a AIM el consejero de Políticas Sociales y Economía Social (Cesba), Walter Córdoba.
En este marco, las organizaciones sociales de la ciudad, trabajadores y trabajadoras del BAP y organismos públicos (ministerio público de la defensa de la ciudad, defensoría del pueblo de la ciudad, facultad de psicología de la UBA), realizaron el segundo censo popular de personas en situación de calle.
Para dicho censo se confeccionó una encuesta y se llevó adelante una capacitación para los censistas. El mismo se realizó los días 25, 26, 27 y 28 de abril llevados a cabo en varios turnos divididos en circuitos en toda la ciudad.
En los días previos, “notamos como el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires desarrollaba operativos de desalojos con la ayuda de la policía de la ciudad a las múltiples ranchadas, con el fin de obstaculizar la actividad impidiendo que esas personas sean contabilizadas en el censo popular. Este accionar fue relatado por las mismas personas que lo padecieron unos días más tarde cuando estuvimos recorriendo la ciudad acercándonos a las personas en situación de calle”, especificó el también coordinador de Barrios de Pie Capital Federal a AIM.
“Esto marca las estrategias que despliega Larreta para ocultar esta realidad tan angustiante. Otra, es realizar de manera totalmente deficiente el censo de personas en situación de calle que debe realizar, por Ley 3706 todos los años el Gobierno de la Ciudad. Recordemos que el año pasado, la jueza Liberatori dio lugar al amparo presentado por la diputada nacional Victoria Donda y Laura González Velasco (directora de proyectos especiales y calidad institucional del Cesba). En dicho fallo judicial, intimaba al Gobierno a realizar nuevamente el censo debido a que el realizado por el oficialismo no daba cuenta de la verdadera cifra, ya que solo tomaron en cuenta a personas en calle efectiva, no considerando a las que se encuentran en paradores, hogares y centros integrales. El texto de la ley es claro, todas estas realidades son consideradas personas en situación de calle”, explicó el referente social a AIM.
Según el Gobierno porteño, en 2016, había 876 personas en situación de calle. Según el primer censo popular el número de personas en situación de calle efectiva, alrededor de 4394, en paradores 1478 y en riesgo de situación de calle 20 mil sin contar a la población villa.
Desde el primer censo popular (2016) a la fecha el Gobierno “no dio ningún tipo de respuesta para resolver esta problemática. Por otro lado, es frecuente ver como se agolpan personas (la mayoría por los desalojos compulsivos en conventillos y viviendas “ocupadas”) solicitando el subsidio habitacional, que según la ley se tiene que ir actualizando. También, podemos enumerar las tantas tomas que se dan en el edificio de Pavón y Entre ríos cuando no se obtiene ninguna solución a la necesidad de las personas y sus familias”.
Sin embargo, “las organizaciones sociales nos ingeniamos para dar algún tipo de respuesta, siendo creativos con los pocos recursos que contamos, tuvimos la capacidad de articular nuestras demandas y coordinar con organizaciones sociales y organismos generando diversas actividades y acciones durante todo el año. Desde ollas populares que hacen los comedores comunitarios (los mismos que el gobierno quiere suspender), postas sanitarias, jornadas solidarias, festivales y campañas de donaciones. Desde estas articulaciones y desde la solidaridad, es que creamos mayor comunidad frente a la insensibilidad de este proyecto político que ya lleva años instalado en nuestra ciudad, el distrito que mayor presupuesto tiene y que invisibiliza a la los sectores más vulnerables”, destacó Córdoba a este Medio.
En su momento, “tendremos los datos de este censo popular que permitirá mostrar el rostro de la pobreza y la indigencia en la ciudad, lo cual nos obligará a pensar ¿es esta la ciudad que queremos? La respuesta a esta pregunta nos llevará a pensar las estrategias que debemos generar los distintos sectores para que esto no se consolide como proyecto político de exclusión y desigualdad en la ciudad más rica del país”, concluyó.