Los equipos de Alberto Fernández trabajan en una ley ómnibus de cara a la de Emergencia Económica que, en enero de 2002 y a la caída de la convertibilidad, sancionó el Congreso y pobló de poderes excepcionales al gobierno de Eduardo Duhalde. Útil a los fines más diversos, el régimen fue prorrogado de año en año hasta enero de 2017, o sea, rigió durante 16 ejercicios consecutivos.
Bajo el paraguas de la Emergencia Pública podrían entrar aumentos de impuestos y rebajas de impuestos; ajustes fiscales; reformas financieras y cambiarias; pagos de la deuda y, al fin, todo aquello que habría necesitado la venia previa del Congreso. Por la misma puerta ingresaron, en tiempos de Duhalde, la pesificación de créditos y de tarifas; la desindexación de todas las operaciones; las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos; la doble indemnización por despidos y la posibilidad de regular el precio de los alimentos.
Fernández debe decidir si quiere tirar de esa cuerda y cuánto, pero llegado el punto será imprescindible contar con la oposición. Cosa de acuerdos, Cambiemos maneja la primera minoría en la Cámara de Diputados.
Gente cercana al presidente electo, si no el propio presidente electo, ya habría sondeado en la Corte Suprema el plafón que tendría una ley así. Sondeado quiere decir un juez importante del tribunal y del ala peronista.
También de la cocina interna es el peso que se le dará al Consejo Económico y Social, que intervendría en decisiones de política económica y controlaría su cumplimiento. La idea de arranque pasa por un acuerdo de precios y salarios, con una pauta común asociada al objetivo de achicar la inflación: el 35 por ciento. Se analiza un plus para los sueldos rezagados.
Habría eso y bastante más que eso, según cuentan fuentes privadas. Ya pintan a platos fuertes del menú un aumento del mínimo no imponible de Ganancias y una rebaja de los aportes patronales al sistema previsional.
Habría, entonces, una frutilla para la dirigencia sindical y otra para las centrales empresarias y ambas, a cargo del Estado nacional y de los estados provinciales. Junto a otras, las dos serían instrumentadas al amparo de la ley ómnibus.
Luce cantado que no hay acuerdo de precios y salarios posible con una indexación extendida a toda la economía, que corre a la velocidad del proceso inflacionario y se proyecta a contratos cada vez más cortos. De eso también se ocupará la ley de emergencia.
Queda por verse qué será de la indexación vigente para jubilaciones, pensiones y planes sociales como la asignación por hijos. Es un combo que involucra al 60 por ciento del gasto público.
La ventaja potente del Consejo salta en la posibilidad, acariciada desde varios sectores, de colocar al frente del emprendimiento a Roberto Lavagna. Funcionaría igual a un sello de garantía y sería una alternativa al ministerio de Economía, un cargo del que Lavagna no quiere ni hablar.
Finalmente, la deuda, el rol del Fondo Monetario y la palabra de Estados Unidos. Por boca de Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de EE.UU., Donald Trump ya ha mandado un mensaje que es, de hecho, un mensaje político apuntado hacia varias direcciones: “cumplir con los compromisos” que la Argentina ha asumido ante el FMI.
También ahí debe decidir Fernández. Esto es: si va primero por un arreglo con los acreedores privados y deja en lista de espera al FMI, como le recomiendan cerca suyo, o si acepta una negociación con el FMI, así sea en simultáneo aunque, claro está, con todos los condicionamientos incorporados.
Si hablamos de los vencimientos en dólares con los bonistas, hablamos de 1.800 millones entre noviembre y diciembre y de 9.200 millones en los cinco primeros meses de 2020. Total: 11.000 millones a corto plazo.