El martes 27  a las 17.30, distintas organizaciones se concentrarán en plaza 1º mayo y marcharán a Casa de Gobierno en rechazo al dictamen que permitiría la modificación a la Ley de Semillas. También se movilizarán contra la decisión del Gobierno provincial de apelar el fallo que prohíbe las fumigaciones en los campos lindantes a las escuelas rurales. Al respecto, Nadia Burgos, referente del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) e integrante de la Red Ecosocialista, confirmó a AIM que la movilización también pasará por la Bolsa de Cereales y la sede de la Unión Cívica Radical (UCR), donde se expresarán palabras de repudio a quienes impulsaron el dictamen en la cámara de Diputados de la Nación.

En diálogo con esta Agencia, Burgos confirmó que la convocatoria fue coordinada con la asamblea Paraná sin Agrotóxicos, la coordinadora Basta es Basta y otras organizaciones que forman parte del colectivo: “En primer lugar, queremos expresar repudio al Gobierno provincial por la apelación a la Corte Suprema del fallo que prohíbe la fumigación en las escuelas rurales. Por otro lado, un rechazo al dictamen positivo que se logró en la comisión ampliada de Agricultura, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto para modificar la Ley de Semillas. La comisión está presidida por Atilio Benedetti junto a otros legisladores entrerrianos que la integran”.

Respecto del recorrido que tomará la marcha, la dirigente confirmó el paso por la Bolsa de Cereales y la UCR, donde se expresarán “palabras de repudio hacia Benedetti y a la coalición por haber logrado promover el lobby de las corporaciones del agronegocio como Monsanto, Bayer o Syngenta”.

En este sentido, dijo que “no es más ni menos que la entrega de la soberanía alimentaria a las corporaciones del agronegocio, en una línea clara de profundización de un modelo extractivista y agroexportador que considera que las semillas son de unos pocos y que las corporaciones pueden tener en sus manos la capacidad de decidir qué y cómo producir”. Para Burgos, la nueva ley pasaría “por encima de las poblaciones que son, no solamente las que viven en los lugares donde se produce sino las que tienen que ser consultadas cuando hablamos del modelo de producción, porque son quienes recibimos el impacto inmediato de las formas de producir”.

“Distintas organizaciones en todo el país están declarando su rechazo a esta Ley, que permitiría patentar algo tan primordial como las semillas, e iría en contra de la posibilidad de resguardar un bien común, que ha sido patrimonio de las poblaciones y la cultura de los pueblos a lo largo de la historia”, agregó.

En contra de la apelación al fallo que prohíbe fumigar

En relación con el reclamo contra la apelación al fallo restrictivo de las fumigaciones, impulsado por el Gobierno provincial, Burgos opinó que “está en total concordancia con el Gobierno Nacional a la hora de aplicar y profundizar un modelo basado en las ganancias de unos pocos, y a costa de la salud de las poblaciones y los territorios que se ven totalmente afectados por un modelo de contaminación y saqueo”.

No obstante, la dirigente expresó que hay un pedido claro de parte de las organizaciones ambientales, y que la justicia local resolvió: “Si bien la apelación sigue su curso legal, el fallo sigue vigente. No se puede fumigar alrededor de las escuelas”.

De esta forma, sugirió que el Estado provincial debe “entender que hay una exigencia clara para que dejen de envenenarnos y matarnos, y que para que se empiece a pensar un modelo productivo provincial acorde con las necesidades de las poblaciones.

Por último, Burgos llamó también a los productores, a sumarse a un reclamo concreto para “ir hacia una transición hacia la agroecología”. Además, opinó que “el Gobierno tiene la potestad y el poder político para realizar un proyecto alternativo en las hectáreas lindantes a las escuelas. Este fallo no prohíbe la producción sino la utilización de venenos en la producción, y que no se fumigue al lado de las escuelas, lo cual es algo hasta de sentido común”.

En este sentido, en su carácter de integrante de la Red Ecosocialista, Burgos expresó que, “si hay productores que se oponen, el Gobieno también tiene la potestad de expropiar esos campos y generar proyectos de agroecología que permitan, por ejemplo abastecer los comedores escolares de las escuelas rurales”.